Javier Martorell.— (Unidad y Lucha).— El Gobierno PSOE-Sumar ha anunciado un proceso extraordinario de regularización de trabajadoras y trabajadores migrantes en situación administrativa irregular, que podría afectar a cerca de medio millón de personas. A primera vista, la medida se presenta como un avance social: reconocimiento de derechos, acceso a la residencia, permiso de trabajo, posibilidad de empadronamiento y una aparente salida del limbo legal en el que miles de trabajadoras y trabajadores se ven atrapados.
Las personas trabajadoras migrantes sin papeles viven sometidas a condiciones de explotación extrema, chantaje permanente y vulnerabilidad jurídica. Acceder a un contrato laboral, formalizar el alquiler de una vivienda, escolarizar a sus hijos con mayor seguridad o romper, aunque sea parcialmente, la situación de exclusión sistemática impuesta por la Ley de Extranjería son algunas de sus necesidades inmediatas. Negar la urgencia de aplicar medidas que alivien estas carencias sería irresponsable. Pero igual de irresponsable es no señalar las intenciones de fondo que sostienen estas propuestas, más allá del barniz supuestamente social y progresista con el que se anuncian. En el capitalismo, ninguna reforma estructural se impulsa por humanidad o solidaridad, siempre se hace a favor de los intereses económicos y políticos del sistema. Esta regularización no es una excepción.
La propuesta establece requisitos previos muy concretos: demostrar un largo periodo de residencia, carecer de antecedentes penales o el ambiguo hecho de “no suponer una amenaza para el orden público”, entre otros condicionantes. Además, el permiso inicial tendría una duración limitada de un año, planteándose a su vez que el acceso a diversas prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, quedarían supeditadas a un periodo previo de residencia legal. En otras palabras: se permite trabajar, pero se restringe el acceso pleno a los derechos sociales.
Esta contradicción revela el verdadero carácter de la operación. Se regulariza para proveer de mano de obra al mercado laboral y no para garantizar un trabajo digno. La prioridad no es el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores migrantes, sino asegurar que los sectores empresariales que ya dependen de estos puedan seguir funcionando con estabilidad y rentabilidad. No es casual que el capital español necesite con urgencia trabajadores “legales” en la agricultura intensiva, la hostelería, la construcción, los servicios y, especialmente, en el sector de cuidados y trabajo doméstico. Son sectores caracterizados por salarios bajos, jornadas interminables y precariedad estructural; sectores que se sostienen, precisamente, gracias a una mano de obra migrante mantenida durante años en una situación de semiesclavitud administrativa.
La regularización, además, se presenta como una de las iniciativas estrella de un Gobierno que se reivindica progresista, en un contexto de crisis marcado por la inflación, la precariedad laboral, el colapso de la vivienda y el creciente deterioro de los servicios públicos, entre otros tantos factores. Mientras la extrema derecha intenta capitalizar el descontento alimentando el racismo y el odio, el Ejecutivo busca ocupar el lugar del defensor de los derechos humanos… eso sí, sin tocar un solo pilar del modelo productivo que genera la desigualdad y la explotación.
Como comunistas no podemos asumir reformas que, en última instancia, consolidan el sistema. Sin dejar de exigir medidas puntuales que supongan mejoras concretas para las personas trabajadoras y familias migrantes, debemos denunciar que, bajo el capitalismo, cualquier propuesta —incluso las que se presentan como progresistas— termina convertida en un instrumento de explotación al servicio del capital.
La solución de fondo no pasa por decretos temporales ni por regularizaciones diseñadas para cubrir las necesidades del mercado. El verdadero cambio solo podrá construirse cuestionando los pilares del sistema, a través de la lucha obrera y popular, organizada, consciente y sostenida.
