Lo mismo que en Ucrania, en el Sahel las motos se han convertido en un arma de guerra. Son rápidas y capaces de circular por caminos intransitables para cualquier vehículo motorizado convencional. Tras un ataque, los terroristas se dispersan por la maleza o el desierto en cuestión de minutos, lo que dificulta su persecución por parte de las tropas regulares.
Mali y Burkina Faso aprobado medidas para recuperar el control sobre la circulación y venta de vehículos de dos ruedas en sus países respectivos.
El miércole el gobierno maliense publicó un decreto prohibiendo la circulación de motos de 125 centímetros cúbicos o más fuera de las principales áreas urbanas. Solo el distrito de Bamako, las capitales regionales y los subdistritos siguen siendo accesibles para estos vehículos. La importación y venta de motocicletas también se suspenden por un período de un año. Los comercios tienen 90 días para declarar sus existencias; los vehículos no declarados serán confiscados.
La medida se aplica de inmediato en todo el territorio. Las motos Yakarta, vehículos motorizados de dos ruedas menos potentes y ampliamente utilizados en zonas urbanas, no se ven afectadas por la prohibición.
El jueves el Ministerio de Industria de Burkina Faso publicó otro decreto con un enfoque diferente: todos los fabricantes, importadores y distribuidores de bicicletas, ciclomotores y motocicletas deben obtener una acreditación. Cada comercio de la cadena de suministro deberá presentar un informe trimestral al Ministerio detallando sus existencias, su base de clientes y los precios de compra y venta.
Durante una rueda de prensa celebrada el viernes en Uagadugú, Sanibè Faho, coordinador de la Brigada Móvil para el Control Económico y la Represión del Fraude, explicó que el objetivo es “combatir las malas prácticas que perjudican a la población”.
Mientras que Bamako impone una prohibición, Uagadugú se centra en vigilar los flujos comerciales para identificar suministros que puedan alimentar a los terroristas.
Los importadores y distribuidores de Burkina Faso tienen hasta el 25 de agosto para cumplir con la normativa. A los fabricantes y plantas de ensamblaje se les ha concedido una prórroga hasta el 25 de mayo del año que viene.
En Mali el plazo para declarar las existencias vence 90 días después de la firma del decreto. Tras estos plazos, ambos gobiernos han anunciado inspecciones en todo su territorio y sanciones para quienes incumplan la normativa.
