El laberinto del INSS: cuando el Estado abandona a la clase trabajadora
Hay una mentira que se repite constantemente en España: que vivimos en un Estado del bienestar que protege a las personas más vulnerables. Es una frase bonita para los discursos institucionales, para las campañas electorales y para las ruedas de prensa de los gobiernos de turno. Sin embargo, cuando un trabajador enferma, cuando ya no puede seguir cargando pesos, pasando horas de pie o soportando el desgaste físico acumulado durante décadas de trabajo, la realidad aparece con toda su crudeza.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, que debería ser una herramienta de protección para la clase trabajadora, se convierte demasiadas veces en un auténtico laberinto burocrático destinado a ahorrar dinero a costa del sufrimiento de las personas.
Miles de trabajadores y trabajadoras llegan a una incapacidad permanente después de años dejando la salud en sus puestos de trabajo. Son personas que han cotizado durante décadas, que han contribuido al sostenimiento del sistema y que han hecho todo lo que la sociedad les pidió. Pero cuando llega el momento de recibir protección, encuentran puertas cerradas, requisitos absurdos y prestaciones insuficientes.
Uno de los mayores ejemplos de esta injusticia es la norma que condena a las personas menores de 55 años con una incapacidad permanente total a percibir únicamente el 55% de su base reguladora. Según la lógica de los despachos, hasta los 55 años existen posibilidades reales de encontrar otro empleo compatible con las limitaciones físicas de la persona afectada.
Pero esa lógica no tiene nada que ver con la realidad.
¿Qué empresario está dispuesto a contratar a una persona de más de cincuenta años con problemas crónicos de columna, tendinitis, lesiones permanentes o dolencias que limitan seriamente su capacidad física? ¿En qué país viven los responsables de estas normas? ¿En qué mercado laboral creen que vivimos?
Mientras tanto, las facturas siguen llegando. Los hijos siguen necesitando alimentos, ropa y educación. Los alquileres no bajan. La electricidad no se abarata. El supermercado no hace descuentos porque una persona esté incapacitada.
La pobreza no espera a los 55 años.
Tampoco espera la burocracia cuando una familia intenta acceder al Ingreso Mínimo Vital. Lo que debería ser una herramienta de protección se ha convertido en una carrera de obstáculos que castiga precisamente a quienes más necesitan ayuda.
Los criterios sobre unidades de convivencia y composición de los hogares son tan rígidos y alejados de la realidad que terminan penalizando la solidaridad familiar. Personas que comparten vivienda para sobrevivir son tratadas como si dispusieran de recursos suficientes. Familias que se apoyan mutuamente son castigadas administrativamente por hacerlo.
El resultado es perverso: muchas personas vulnerables se ven obligadas a elegir entre mantener la estabilidad familiar o poder acceder a prestaciones que les permitan sobrevivir.
No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de derechos.
Del derecho a una vida digna después de años de trabajo. Del derecho a no caer en la pobreza por culpa de una enfermedad. Del derecho de los menores a crecer en un hogar con estabilidad económica. Del derecho a que las administraciones públicas actúen como mecanismos de protección y no como instrumentos de exclusión.
La verdadera grandeza de un Estado no se mide por los discursos de sus gobernantes, sino por la forma en que trata a las personas más vulnerables. Y cuando un trabajador enfermo tiene que dedicar más energías a luchar contra la burocracia que a recuperarse de sus dolencias, algo está profundamente mal.
Es necesario reformar estas normativas. Es necesario adaptar las prestaciones a la realidad social y económica de las familias. Es necesario abandonar criterios arbitrarios basados exclusivamente en la edad o en conceptos burocráticos de convivencia que no responden a las necesidades reales de la gente.
Porque la protección social no puede ser un privilegio reservado para quien consigue superar un laberinto administrativo.
Debe ser un derecho garantizado para toda la clase trabajadora.
André Abeledo Fernández
