El falso patriotismo empresarial de Mercadona.
Hay empresas que han comprendido perfectamente el poder de una bandera.
Una bandera transmite cercanía. La palabra «España» transmite confianza. Un agricultor sonriente transmite compromiso con el campo. Y una gran empresa que se presenta como defensora del producto nacional consigue algo todavía más eficaz: que muchos confundan comprar en una gran superficie española con defender a los productores del país.
Pero no son la misma cosa.
Mercadona es una empresa española. Es valenciana. Es un gigante de la distribución y mantiene una enorme red de proveedores nacionales. Eso es un hecho indiscutible. También lo es que su modelo de negocio —como el de cualquier gran empresa capitalista— busca la eficiencia, la disponibilidad y la rentabilidad.
Y ahí es donde estalla la contradicción.
Cuando una compañía aspira a erigirse en bastión del patriotismo económico, hay que mirar menos sus campañas publicitarias y mucho más qué compra, a quién se lo compra, dónde lo produce, cómo trata a sus proveedores y qué ocurre dentro y fuera de sus supermercados.
Cuando se hace ese ejercicio, la fotografía resulta mucho más compleja.
La bandera termina donde empieza la cuenta de resultados.
Mercadona ha construido buena parte de su identidad corporativa alrededor de su cercanía con los proveedores nacionales. Sin embargo, eso nunca ha significado que el 100 % de su género sea español, ni tiene por qué significarlo. La propia empresa reconoce que importa determinados alimentos cuando la producción local no cubre la demanda.
El caso de la naranja es paradigmático.
Cuestionada en repetidas ocasiones por la venta de cítricos sudafricanos en plena huerta valenciana, la compañía ha defendido que recurre a importaciones de Sudáfrica, Argentina, Marruecos o países europeos únicamente cuando se agota la campaña nacional.
Sería deshonesto decir que Mercadona sustituye sistemáticamente el producto valenciano. Pero también sería deshonesto negar que importa de fuera. Y esa es una decisión empresarial puramente lógica, no un acto de patriotismo.
El laberinto del origen: aceite y patatas.
Con otros productos, el relato de la trazabilidad se complica:
– El aceite: Durante dos décadas, Sovena fue el interproveedor de referencia de Mercadona. A su vez, estuvo vinculada a estructuras agrícolas masivas en el olivar —incluyendo miles de hectáreas en Marruecos— a través de redes societarias cruzadas. Si bien no existen pruebas de que se comercializara aceite marroquí etiquetado fraudulentamente como español —existen estudios de trazabilidad que avalan el origen nacional en determinadas campañas—, el dato estructural desmonta el mito de una cadena de suministro limitada exclusivamente al campo ibérico.
– Las patatas y el Sáhara: Existen antecedentes documentados de patatas comercializadas con origen en Israel, así como conservas de pescado vinculadas en el pasado a plantas de producción en El Aaiún (Sáhara Occidental). Tratándose de un territorio con un estatuto jurídico internacional diferenciado y bajo la lupa de los tribunales europeos, la elección de proveedores trasciende la mera anécdota comercial.
Mientras tanto, el agricultor paga la factura.
La discusión sobre el origen del producto enmascara un problema estructural mucho más grave: la presión sobre los márgenes agrarios.
Organizaciones como Unió de Pagesos y Unión de Uniones han denunciado reiteradamente el poder asimétrico de la gran distribución, capaz de estrangular los precios en el eslabón más débil. Las concentraciones ante centros logísticos de Mercadona o las denuncias formales ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —como la relativa a los precios de la leche UHT— ponen de manifiesto un malestar profundo.
Es cierto que la CNMC archivó aquel expediente en 2025 al no hallar una infracción acreditada y que el archivo está recurrido ante la Audiencia Nacional. Las denuncias no equivalen a condenas judiciales. Pero la insistencia del sector primario demuestra que el desequilibrio de poder en la cadena alimentaria no es una invención, sino una realidad cotidiana.
La letra pequeña del modelo laboral.
El pulso no se libra únicamente en el campo, sino también puertas adentro. Mercadona presume de un convenio colectivo respaldado por los principales sindicatos (UGT, CCOO y el Sindicato Independiente). No obstante, la conflictividad interna es innegable.
Tras años de litigios impulsados por sindicatos como la CIG, el Tribunal Supremo dictó sentencia en febrero de 2026, estimando parcialmente sus demandas y anulando aspectos clave del convenio colectivo, como ciertos incisos relativos a la representación y a la regulación de la prima por incapacidad temporal.
A esto se suman los conflictos abiertos por otras organizaciones sindicales, como ELA, CSIF u OSTA, en relación con la retirada de primas por bajas, la conciliación o las denuncias de presión sobre la actividad sindical. Una empresa puede presumir de estabilidad laboral mientras, de manera simultánea, acumula sentencias judiciales en su contra y un goteo constante de litigios.
El patriotismo que solo aparece en el marketing.
Mercadona puede ser española, generar empleo masivo y comprar a miles de agricultores locales. Pero, al mismo tiempo, importa naranjas de Sudáfrica, comercializa productos de origen israelí, gestiona proveedores con redes internacionales, acumula críticas del campo y enfrenta sentencias laborales adversas.
Nada de esto la convierte en una empresa ilegal. Simplemente la devuelve a su auténtica naturaleza: una corporación regida por las leyes del mercado global.
– El capital no tiene patria; tiene cuentas de resultados.
– Una empresa no es España.
– Un supermercado no es la patria.
– Y Juan Roig no representa al agricultor valenciano.
Defender al campo y a los trabajadores de un país no consiste en estampar una bandera en la publicidad de una gran superficie. Consiste en garantizar precios justos por encima de los costes de producción, asegurar la trazabilidad real, respetar la libertad sindical y evitar que el eslabón más débil asuma todo el riesgo mientras los gigantes controlan la distribución.
Cuando una gran empresa agita la bandera nacional, el consumidor prudente debe hacer el único ejercicio de honestidad posible: no mirar el envoltorio, sino la cadena de valor, los contratos, los tribunales y los márgenes.
Porque el patriotismo que solo asoma en los anuncios no es patriotismo. Es pura estrategia comercial.
André Abeledo Fernández
