Un secuestro con toga: así pisotea Estados Unidos la legalidad internacional.
Un jefe de Estado sacado de su cas
El 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos entraron en Caracas y secuestraron por la fuerza a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Se llevaron al jefe de Estado en ejercicio de un país soberano que no había atacado a nadie, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe recurrir a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No hay matiz posible: se llame como se llame, esto es un secuestro y un atentado contra la legalidad internacional.
El cártel que se esfumó del expediente.
Durante meses nos repitieron que Venezuela estaba gobernada por el llamado «Cártel de los Soles». En noviembre de 2025, el Departamento de Estado lo declaró organización terrorista. Pero, tras la captura, la propia Fiscalía estadounidense reescribió la acusación: el cártel pasó de treinta y dos menciones a dos, y de organización criminal a «sistema de clientelismo» y «cultura de corrupción». Expertos citados por la prensa recuerdan que la expresión nació en los años noventa como etiqueta periodística. Es decir, el gran pretexto se cayó del papel en cuanto hubo que ponerlo por escrito ante un tribunal.
Primero el petróleo, después las drogas.
Ya en enero, el secretario de Energía, Chris Wright, anunció que Washington vendería el crudo venezolano y que los ingresos irían a cuentas controladas por su Gobierno. En agosto llegó el acuerdo: 65.000 millones de barriles en 17 campos, más de una quinta parte de las reservas probadas del país, con control mayoritario para empresas estadounidenses. Lo firmó Delcy Rodríguez, del mismo Gobierno que nos vendieron como narcoterrorista y al que hoy Trump elogia. Si el problema era un régimen narcoterrorista, ¿por qué se le firman las reservas y se le da una palmadita en la espalda? Rodríguez asegura que Venezuela conserva su soberanía. Difícil de creer en una soberanía firmada bajo la sombra de una operación militar.
Justicia a la carta.
Maduro está hoy en una cárcel federal de Brooklyn, con el juicio fijado para el 1 de junio de 2027, y su defensa alega la inmunidad que corresponde a un jefe de Estado. No es la primera vez: con Noriega, en 1989, ya se demostró que, para los tribunales de Washington, la forma en que se captura al acusado es un detalle menor. Con Irak, en 2003, se demostró que el Consejo de Seguridad estorba cuando no dice lo que interesa. Las normas son sagradas para los demás; para el imperio, un trámite.
Un doble rasero que ni se disimula.
Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos son monarquías sin elecciones libres, y Marruecos, una monarquía donde el rey conserva el poder decisivo; Freedom House califica a los tres primeros de «no libres» y a Marruecos de «parcialmente libre». Ninguno es tachado de narcoterrorista ni recibe comandos: reciben armas y apretones de manos.
En 2022, el Gobierno de Biden pidió a un tribunal que reconociera inmunidad al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la demanda por el asesinato de Jamal Khashoggi. Y Netanyahu, con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, viaja esta semana a Nueva York para intervenir en la Asamblea General de la ONU, mientras el alcalde de la ciudad reconoce que no puede ejecutarla.
La propia CPI, foro natural para los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tiene abierta una investigación sobre el país, y Washington no reconoce su jurisdicción. Cuando la inmunidad estorba, se niega; cuando conviene, se invoca. Eso no es justicia: es geopolítica con toga.
Lo que está en juego.
Si esto se normaliza, el precedente vale para cualquier país pequeño con recursos y un Gobierno incómodo: basta con inventar el relato, mandar a los comandos y firmar después los contratos.
Los problemas de Venezuela los tiene que resolver el pueblo venezolano, no un país que llega con helicópteros y se va con los pozos. Defender la legalidad internacional no es defender a un Gobierno concreto; es defender que ninguna potencia se erija en juez, policía y verdugo de los demás.
Camaradas, no tragamos más cuentos.
Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
