La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha actualizado el número de víctimas en las protestas en Bolivia, que vive una gran convulsión social tras la renuncia de Evo Morales y la autoproclamación de la vicepresidenta segunda del Estado, Jeanine Áñez, como presidenta transitoria.
Según estimaciones de la CIDH, en total son 23 muertos y 715 heridos «desde el inicio de la crisis institucional y política» en el país andino, mientras que desde este viernes son nueve fallecidos y 122 heridos a causa de la «represión combinada de la Policía y fuerzas armadas».
Poco antes, la comisión denunció la emisión de un «grave decreto» que exime de «responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».
El documento, firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, autoriza a los militares a usar «todos sus medios disponibles» para controlar las manifestaciones.
Se trata del decreto supremo número 4.078, que según la organización «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta«.
