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El Gobierno PSOE-Sumar ha anunciado un proceso extraordinario de regularización de trabajadoras y trabajadores migrantes en situación administrativa irregular, que podría afectar a cerca de medio millón de personas. A primera vista, la medida se presenta como un avance social: reconocimiento de derechos, acceso a la residencia, permiso de trabajo, posibilidad de empadronamiento y una aparente salida del limbo legal en el que miles de trabajadoras y trabajadores se ven atrapados.
