El gobierno de Ecuador decretó estado de excepción en siete provincias debido a las protestas por el alza del diésel, medida que restringe derechos como la libertad de reunión.
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Organizaciones universitarias afirman que es la tercera vez que salen a la calle para exigir al Gobierno que detenga el hostigamiento y el desfinanciamiento que afecta a las universidades, la salud pública, los jubilados y el sistema científico.
