El Gobierno de Brasil emitió este jueves, 25 de septiembre, una ordenanza que fija objetivos e indicadores para erradicar el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. La iniciativa busca establecer la lucha antirracista como una política de Estado permanente, articulándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18 (ODS 18), creado por Brasil para la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
La medida fue firmada por los ministerios de los Pueblos Indígenas, de Igualdad Racial y la Secretaría General de la Presidencia, y su progreso estará bajo seguimiento continuo de la Comisión Nacional para los ODS.
Diez metas para transformar el racismo estructural
La disposición establece diez metas concretas que abarcan áreas claves de sociedad, todas ellas respaldadas por indicadores sociales y económicos diseñados para medir avances en la reducción de las desigualdades.
En el ámbito laboral, el ODS 18 se centra en la eliminación del racismo en los espacios de trabajo, lo que implica monitorear la desigualdad salarial, las tasas de informalidad y la baja participación de estas poblaciones en cargos de liderazgo.
En el frente de la seguridad, la ordenanza enfatiza el combate contra todas las formas de violencia, incluidos homicidios, feminicidios y crímenes de odio, exigiendo un desglose detallado por raza y color para la vigilancia de los datos.
El plan también aborda el acceso a la justicia y la reducción de las desigualdades en el sistema penitenciario, a la par que promueve la mayor representación indígena y afrodescendiente en cargos públicos, empresas y órganos decisorios.
Un eje fundamental del documento es la reparación histórica de las pérdidas territoriales, culturales y ambientales, un reclamo de larga data de las comunidades quilombolas (afrobrasileños) y pueblos originarios.
En cuanto a la vivienda y los servicios básicos, el Gobierno se compromete a ampliar el acceso a moradías dignas, agua, saneamiento y otros servicios, junto con el fortalecimiento del derecho a una atención sanitaria de calidad respetuosa de las culturas y saberes tradicionales.
En educación, el objetivo central es garantizar un sistema inclusivo y antirracista que reconozca y valore la diversidad lingüística y cultural de Brasil. El reconocimiento de los conocimientos tradicionales y la participación de comunidades indígenas y afrodescendientes en decisiones sobre biodiversidad y distribución de beneficios se incorporan como compromisos estatales.
Finalmente, el plan subraya la necesidad de combatir la xenofobia y ampliar la protección de las personas migrantes con identidades indígenas o afrodescendientes, un fenómeno cada vez más visible en los flujos migratorios regionales.
Recientemente, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que en su país, donde la mayoría de la población es afrodescendiente, aún prevalece un “imaginario racista”, a pesar de los avances logrados en la lucha contra la discriminación.
Durante la ceremonia de apertura de la quinta Conferencia Nacional de Promoción de la Igualdad Racial en Brasilia, el mandatario afirmó que “hay un imaginario que insiste en colocar a las personas negras en un único lugar, normalmente en el lugar de la servidumbre, cuando no se les ve como una amenaza“. lo que, de acuerdo con Lula, hace que la población negra enfrente el “racismo de todos los días”.
En noviembre de 2024, el Gobierno Federal de Brasil anunció la adopción voluntaria de un 18 ODS, enfocado en la igualdad étnico-racial. La justificación para crear esta meta global, adicional de los 17 ODS oficiales de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, radica en la urgencia de enfrentar el racismo estructural, identificado como un obstáculo principal para el desarrollo global.
La acción busca impulsar un desarrollo sostenible inclusivo para todas las razas y etnias. El lanzamiento del ODS voluntario de Brasil se realizó en Río de Janeiro, como parte del programa social de la cumbre del G20.
