Un informe interno expone la corrupción que alcanza a la policía, los jueces y las prisiones francesas por los narcotraficantes, con filtraciones de archivos y sobornos. Jueces, guardias y funcionarios están en el punto de mira. Un magistrado corso es sospechoso de tráfico de influencias.
El informe, elaborado en diciembre del año pasado, revela la infiltración masiva del crimen organizado en los sistemas policial, judicial y penitenciario.
Un policía anónimo, que aparece en el documental “Policía, Justicia: ¿Dónde están los nuevos delincuentes?”, confiesa haber proporcionado información a narcotraficantes en investigaciones por 2.000 euros al mes, sin dejar rastro gracias a chips y cambios de teléfono, afirmando ser intocable.
El caso ilustra una situación más extendida. Según la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, la policía está sometida al poder financiero de los delincuentes. Venden datos confidenciales a través de Telegram, con acceso a archivos (TAJ, FPR) por 50 euros, como en varias condenados del año pasado.
El informe de 152 páginas detalla que los móviles profesionales Neo, muy extendidos desde 2016, facilitan las filtraciones, trivializando el intercambio de información sensible entre las nuevas generaciones de policías. Las investigaciones por robo de archivos se han triplicado (27 en 2020 frente a 93 en 2023), y un archivo se vende por entre 300 y 500 euros, según la Oficina Antidrogas.
Más allá de la policía, los carceleros están especialmente involucrados, recibiendo entre 500 y 2.000 euros por introducir teléfonos o drogas, a menudo bajo presión social o económica, para pagar ajustes de cuentas.
Algunos secretarios judiciales han alterado expedientes bajo coacción, y los demás secretarios judiciales también son objetivos prioritarios, y sus “errores procesales” alimentan las sospechas.
El caso excepcional de Helene Gerhards, magistrada acusada el año pasado por tráfico de influencias en Córcega, demuestra que ni siquiera los jueces se salvan. Son sospechosos de favorecer a Johann Carta a cambio de trabajo no declarado.
La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción advierte de la insuficiente detección de las infiltraciones vinculadas al narcotráfico, que requiere un enfoque metódico ante las sofisticadas redes que utilizan intermediarios y se centran en la vulnerabilidad de los funcionarios.
Este escándalo pone de manifiesto un desafío estructural para las instituciones soberanas, en un contexto en el que el crimen organizado se adapta a las herramientas digitales.
