El Gobierno de la República Islámica de Irán calificó este domingo de «ilegal e injustificada» la reimposición de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionadas con su programa nuclear.
La medida, reactivada por el llamado E3 (Reino Unido, Alemania y Francia) bajo la presión de Estados Unidos, provoco una fuerte condena por parte del Ministerio de Exteriores iraní, que la considera una acción «inmoral y lógicamente reprobable» que carece de todo fundamento jurídico.
El comunicado oficial del Ministerio de Exteriores es categórico al señalar que la reactivación de resoluciones ya concluidas es un acto sin soporte legal. Irán denuncia que los países europeos (E3) han impulsado esta acción a pesar de que ellos mismos han incumplido reiteradamente sus obligaciones emanadas del crucial acuerdo nuclear de 2015, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). Esta postura subraya una profunda crisis de confianza y un quiebre en los compromisos asumidos por Occidente.
El pacto de 2015 fue diseñado para limitar el desarrollo del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Sin embargo, el equilibrio se rompió cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018, lo que llevó a la República Islámica a responder con un aceleramiento paulatino de sus actividades nucleares.
Las sanciones reinstauradas son sumamente amplias y severas, e incluyen las seis resoluciones de la ONU adoptadas entre 2006 y 2010. Estas medidas prohíben el enriquecimiento de uranio, restringen actividades relacionadas con misiles, imponen un embargo de armas, congelan activos de personalidades iraníes, autorizan la inspección de naves y aeronaves iraníes en aguas internacionales y establecen limitaciones bancarias y financieras críticas para el país persa.
Ante la gravedad de la situación, Teherán hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que desconozca y se abstenga de cumplir con las resoluciones reimplantadas, al considerarlas contrarias a la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que es el soporte legal vigente para el acuerdo nuclear. Esta petición busca generar una fisura internacional en la aplicación efectiva de las medidas coercitivas y aislar la decisión impulsada por Washington y sus aliados.
En el ámbito interno, el Parlamento iraní entró en sesión a puerta cerrada para deliberar sobre la respuesta estratégica a la imposición de sanciones. Las posibles reacciones estudiadas incluyen la amenaza de abandonar un reciente acuerdo de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) e incluso la consideración de abandonar el Tratado de No Proliferación (TNP), opciones que, según analistas, elevarían drásticamente las tensiones regionales e internacionales con las potencias occidentales.
