De acuerdo con un comunicado a la nación que también firma el Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), por orden de la fiscalía contra el orden económico, se trata de una arremetida del Gobierno de José Raúl Mulino contra una de las organizaciones líder de recientes protestas contra una norma de pensiones y un memorando de seguridad suscrito con Estado Unidos, pero lesivo a la soberanía.
También se conoció que en las últimas horas detuvieron a Abdiel Betancourt, de la junta directiva del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Además señalaron que de manera arbitraria condujeron a la hija y a la esposa de Jaime Caballero, quien permanece en la cárcel de La Joya; y molestaron a la hija de Saúl Méndez, exsecretario general de Suntracs, ahora en el exilio por amenazas a su integración física.
Estos operativos, orientados a sembrar terror y disciplinar al movimiento popular, no son hechos aislados: forman parte de una ofensiva política, judicial y mediática del Ejecutivo y los grupos de poder económico contra una organización obrera que durante décadas se ha mantenido del lado del pueblo, señala el texto.
En ese sentido, las organizaciones como el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton y Frenadeso revelaron ante el país y el mundo que esta embestida es una persecución también de clase y género que exhibe el carácter profundamente misógino, autoritario y cobarde de la actual administración.
Denunciamos al gobierno panameño ante los organismos internacionales de derechos humanos por su responsabilidad directa en estos actos de persecución política, violencia de género y represión, y exigimos el cese inmediato de los operativos, la reparación integral a las víctimas y garantías efectivas de no repetición, remarca el documento.
