Miles de personas se manifestaron este miércoles 29 de octubre en Bucarest para rechazar el paquete de medidas de austeridad implementado por el Gobierno rumano, liderado por el primer ministro conservador Ilie Bolojan. La convocatoria, impulsada por los principales sindicatos del país, reunió entre 15.000 y 20.000 manifestantes frente a la sede del Ejecutivo en la Plaza de la Victoria.
Entre los asistentes se encontraban trabajadores de la educación, empleados del sector sanitario, policías, personal forestal y otros sectores públicos. Las consignas expresaban una amplia frustración social ante las políticas de consolidación fiscal impulsadas por el Gobierno, que incluyen recortes presupuestarios, aumentos de impuestos y congelación de contrataciones.
Los sindicatos exigen un aumento del salario mínimo, mejoras en las condiciones laborales y una revisión del sistema de pensiones. Denuncian que, lejos de corregir el déficit, las medidas están debilitando los derechos laborales y profundizando la desigualdad. Las pancartas portadas por los manifestantes reclamaban una jornada laboral digna, salarios justos y protección del empleo frente al aumento del costo de vida.
El Ejecutivo justifica las medidas por la necesidad de contener el déficit fiscal, que alcanzó el 9,3 % del PIB en 2024, la cifra más alta de toda la Unión Europea. La coalición de gobierno, integrada por fuerzas socialdemócratas, conservadoras, centristas y representantes de la minoría húngara, sostiene que los ajustes son indispensables para estabilizar las finanzas públicas.
Una de las disposiciones más cuestionadas es el aumento del IVA, que según analistas locales podría agravar aún más la inflación. En septiembre, el índice de precios al consumidor se situó en torno al 10 % interanual, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de la población, con una pérdida estimada del 32 % en los últimos tres años, según datos sindicales.
Además de los efectos del alza de precios, los sindicatos alertan sobre una acelerada reducción del empleo en sectores clave. La Confederación Nacional de Sindicatos «Cartel Alfa» denunció la eliminación de más de 7.500 puestos de trabajo en los últimos meses, vinculada a procesos de insolvencia y reorganización empresarial. A ello se sumaría una reducción adicional de cerca de 14.000 empleos en la administración pública.
En el sector educativo, representantes sindicales advirtieron sobre recortes significativos que han impactado a docentes y estudiantes. Según la Federación de Sindicatos Libres de Educación, las decisiones del Ejecutivo están empujando al sistema hacia una paralización generalizada, en medio de una creciente presión social contra el actual modelo de ajuste.
