La huelga de los trabajadores del metal en la provincia de Barcelona consiguió el pasado día 29 de octubre parar la producción en varias fábricas de la zona. La planta de Ebro en Zona Franca no ha podido ensamblar ningún vehículo debido a las protestas, mientras que Seat se ha visto obligada a reducir la actividad de parte de sus líneas por la falta de suministros por parte de sus proveedores, afectados directamente por los paros.
Las protestas también han afectado a la circulación. Hacia las 8:30 de esta mañana la Ronda Litoral estaba cortada a la altura de Mercabarna en los dos sentidos de la marcha, lo que también afectaba a la A-2, la B-23, C-31 y C-32 en sentido sur, han informado fuentes del Servicio Catalán de Tráfico. En sentido norte, las retenciones eran de unos 8 kilómetros desde Mercabarna hasta Sant Adrià de Besòs. También estaba cortada la C-32 en Cornellà de Llobregat en sentido Sitges.
Los piquetes de trabajadores han bloqueado algunos accesos a varias empresas del sector en la Zona Franca de Barcelona. Los sindicatos aseguran que el paro ha logrado un seguimiento del 100% en empresas grandes y medianas, en fábricas como las de Ebro, La Farga, Ficosa, Gestamp o Mecalux mientras que Cecot, la patronal del Vallès, ha cifrado en un 18,7% el seguimiento.
Hacia el mediodía, unos 1.100 trabajadores, según la Guardia Urbana, han protestado ante la sede de Foment del Treball en Barcelona para reclamar a la UPM(Unión Patronal del Metal) un nuevo convenio con mejores condiciones. En declaraciones a los medios, los sindicatos han afirmado que la huelga ha sido un “éxito”, y que seguirán las movilizaciones si no hay acuerdo.
Las protestas buscan forzar a la patronal del metal a negociar un nuevo convenio que mejore las condiciones laborales de cerca de 180.000 trabajadores. Uno de los elementos en disputa entre sindicatos y patronal es el salario. La UPM plantea aumentar los sueldos un 3% este año, un 2,75% en el 2026 y un 2,5% en el 2027. En cambio, la representación sindical considera que los aumentos deberían ser del 3,9%, 3,6% y 3,5% respectivamente. Las mediaciones de la Generalitat para tratar que ambas partes acordaran y se evitara el conflicto fueron infructuosas.
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