Desde el reparto que se hizo de África, en 1885, España obtuvo el reconocimiento de la parte del territorio del Sahara Occidental que ya ocupaba. Durante la II República, amplió su presencia en todo el territorio, pactado con Francia en años anteriores, de las costas hacia el interior desértico. Tras obtener Marruecos su independencia, en 1956, el partido anticolonialista marroquí Istiqal, reivindicó esos territorios, además de Ceuta y Melilla y desató la guerra contra España consiguiendo el territorio de Ifni en años posteriores.
En 1960, la ONU, empujada por el movimiento descolonizador mundial de aquellos años acordaba: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Pero el incumplimiento de tan buenas intenciones y principios comenzó, ya en ese mismo momento, al designar al Sahara Occidental, a petición de Marruecos, “territorio no autónomo”; eso sí, pendiente de un referéndum de autodeterminación, manteniéndose en tanto bajo responsabilidad española. Tras años, donde no se hacía más que dar largas a todas las voluntariosas resoluciones y grandilocuentes acuerdos, en 1973, se crea el Frente para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro –conocido por FRENTE POLISARIO– que decidió emplear la guerra de guerrillas y establecer un gobierno republicano y formar parte de las luchas de liberación de los países árabes.
En 1975, Marruecos invadió el Sahara por medio de una marcha de 350.000 colonos destinados a ocupar el territorio por la vía de los hechos consumados. España abandonó el Sahara a su suerte sin mover un dedo a cambio del apoyo yanqui a la reforma borbónica; decenas de miles de familias se vieron obligadas al exilio o como refugiados en campamentos en el territorio argelino de Tinduf y el Frente Polisario declaró la guerra a los nuevos colonizadores, marroquíes y mauritanos, y proclamó la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Se inició un periodo de 16 años de guerra hasta la tregua de 1991, en los que los patriotas saharauis derrotaron a Mauritania; Marruecos construyó muros minados de más de 2.000 kms., de norte a sur, con los que cercó ese 80% del territorio en el que se encuentran las grandes reservas de fosfatos y disponer de unos caladeros pesqueros en la costa que son unos de los más ricos del mundo.
Los acuerdos por los que se llegó a la tregua se incumplieron desde el primer momento. Un referéndum eternamente pospuesto y obstaculizado con mil marrullerías, verdadero papel mojado que retrata a la ONU al servicio de las grandes potencias, pese a que más de 80 países hayan reconocido ya a la RASD. Otro papelón están haciendo los países de la Unión Africana con su silencio. Durante esa tregua de casi 30 años, ni los intercambios de prisioneros, ni las masivas acampadas de saharauis en las afueras de El Aaiún, ni las muertes de algunos de los acampados, ni la represión sistemática de los prisioneros de guerra saharauis, nada de esto ha servido para la causa saharaui. Al contrario, en estos largos años se ha ido reforzando el plan marroquí de autonomía con nuevos apoyos.
En 2019, el Polisario, ante el sistemático incumplimiento de Marruecos de cualquier acuerdo, para no quedar en el olvido, anunció su intención de volver a las armas. No tuvo que esperar mucho ante la provocación que el ejército marroquí realizó en el paso fronterizo con Mauritania, zona desmilitarizada en la que violó el alto el fuego acordado.
Los EEUU y Francia ya se habían manifestado abiertamente por el plan marroquí y por el reconocimiento sin tapujos de su soberanía sobre el Sahara, a cambio de que Marruecos reconociera el estado de Israel. En 2022, le tocó el turno a España, supuesta responsable de la descolonización, apoyando la nueva colonización que supone el plan de autonomía marroquí.
El sumiso régimen monarco-fascista español ha traicionado la palabra dada, obedeciendo y cediendo a las presiones e intereses del patrón yanqui.
