Después de más de diez días de recuperación en un hospital de Bogotá, Jonathan Obando Pérez, uno de los sobrevivientes del ataque estadounidense a un supuesto «narcosubmarino» en el mar Caribe, fue dado de alta el pasado 28 de octubre. La Fiscalía General de la Nación descartó abrir una investigación formal en su contra, al no existir pruebas que lo vinculen con actividades delictivas.
Según fuentes del Ministerio Público, no hay evidencias ni testimonios que relacionen a Obando con el narcotráfico. La Fiscalía sostiene que pudo haber sido un trabajador subalterno contratado para transportar mercancía y aclaró que el colombiano no tiene antecedentes penales ni nexos con redes criminales.
En Ecuador, el otro sobreviviente, Andrés Fernando Tufiño, también fue liberado tras comprobarse su falta de vínculos con el tráfico de drogas.
Tras su repatriación, Obando fue ingresado en estado crítico, con fracturas craneales y lesiones cerebrales, producto del bombardeo. De acuerdo con informes médicos, su recuperación fue progresiva hasta recibir el alta médica el 28 de octubre.
El presidente Gustavo Petro celebró su regreso a través de la red social X, donde escribió: “Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo con las leyes”.
El hecho, ocurrido el 16 de octubre, forma parte de una serie de operaciones militares ejecutadas por Washington bajo el argumento de combatir el narcotráfico, los cuales constituyen graves violaciones al derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales.
La operación consistió en el bombardeo de una embarcación semisumergible en aguas internacionales, donde viajaban cuatro personas. Dos murieron de inmediato y otras dos, entre ellas Obando, fueron rescatadas con graves heridas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró tras su repatriación que sería procesado “conforme a la justicia” por presunto narcotráfico. Sin embargo, las autoridades judiciales no encontraron indicios que sustenten esa acusación. La destrucción de la embarcación —ocurrida en aguas internacionales— complica aún más la verificación de responsabilidades.
La comunidad internacional condenó los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico bajo la justificación de enfrentar el tráfico de drogas son en realidad una política de fuerza e intimidación hacia gobiernos de la región que mantienen posiciones soberanas o contrarias a los intereses de Washington.
