Israel, ocho décadas pisando el derecho internacional

«No se permitirá ninguna expropiación de tierras poseídas por un árabe en el Estado judío (ni por un judío en el Estado árabe)». «Los ciudadanos palestinos que residan en Palestina (…) gozarán de plenos derechos civiles y políticos, desde el momento en que quede reconocida la independencia». «No se hará discriminación de ninguna clase entre los habitantes por motivos de raza, religión, idioma o sexo». Las citas son de la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera del organismo sobre la causa palestina, emitida en 1947. La primera que reconoció la creación del Estado de Israel, pero también la existencia del Estado palestino. La primera –de muchas– que incumplieron los sucesivos gobiernos de Tel Aviv.

Los debates se prorrogaron durante casi veinte días sobre la moqueta verde de la ONU. Los representantes de la comunidad judía intervinieron en cuatro ocasiones. Los de la población palestina hablaron menos de la mitad. El encuentro culminó con la división del enclave en dos Estados: uno árabe, otro judío. «Esta solución fue profundamente colonial. La ONU repartió Palestina sin consultarlo antes con el pueblo palestino y legitimó el proyecto europeo en tierras árabes. Israel se quedó con el 54% del territorio, pero tras la Nakba de 1948 consiguió el 78%. Y actualmente ni siquiera reconoce este plan de partición como referencia válida». La población judía ni siquiera representaba entonces una tercera parte del total de los residentes en Palestina.

Israel aceptó la partición, es decir, aceptó su configuración como Estado. «Esta es la única parte de la resolución que acataron los israelíes». «El proyecto sionista arranca con un planteamiento absolutamente colonial. El Estado de Israel nació sobre una limpieza étnica: hubo expulsiones y matanzas. Los refugiados que entonces tuvieron que huir de sus casas todavía no han podido regresar. Y esto no podemos olvidarlo, por mucho que ahora las circunstancias sean otras y los crímenes de lesa humanidad, junto al genocidio, lo hayan dejado en un segundo plano».

Esta es precisamente una de las cuestiones que contempla la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, difundida en diciembre de 1948. El texto menciona de manera explícita el «derecho al retorno» de los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus pueblos tras la creación del Estado de Israel. Lo establece además como una condición que hay cumplir «lo antes posible». La realidad es que han pasado 77 años. Y ningún refugiado palestino pudo volver aún a lo que seguramente sus padres o abuelos llamaron hogar. «Esta resolución sigue siendo el corazón del derecho internacional en Palestina y un punto irrenunciable para la liberación del pueblo palestino. Israel no solo no la ha cumplido, sino que ha legislado en la dirección contraria».

La resolución 242 también es una de las más conocidas. La Asamblea General de Naciones Unidas exige en este dictamen la retirada del Ejército de Tel Aviv de los territorios ilegalmente ocupados. El resultado vuelve a ser el mismo que en las disposiciones anteriores: Israel lleva haciendo caso omiso desde su aprobación. «La ocupación en sí misma es un crimen de agresión, así es como lo describe el Estatuto de Roma». . «Los israelíes se oponen sistemáticamente y responden diciendo que los territorios ocupados tampoco estaban antes bajo soberanía palestina, sino jordana y egipcia, por eso hablan de territorios contestados –es decir, zonas sobre las que dos o más países reclaman soberanía–. El fin de la ocupación nunca ha ocurrido».

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