El proyecto de resolución fue presentado por el comité de Libertades Civiles del legislativo de la Unión Europea (UE) el 13 de noviembre y de los 636 diputados presentes, 415 votaron a favor, 193 en contra y 28 se abstuvieron.
Según el PE, de conformidad con el artículo 7 del TUE (Tratado de la Unión Europea), el Consejo de la UE puede decidir suspender determinadas prerrogativas, incluido, entre otros, el derecho de voto de un representante en el Consejo.
En el documento se afirma que el legislativo comunitario expresa su preocupación por que las autoridades húngaras hayan utilizado repetidamente su derecho de veto en el Consejo de la UE al tomar decisiones en el ámbito de la seguridad, especialmente en lo relativo a la ayuda a Ucrania y las sanciones contra Rusia.
El PE consideró además que la política del Gobierno húngaro representa una amenaza sistémica para los valores de la UE, según el texto del proyecto de resolución.
De su lado el primer ministro magiar, Viktor Orbán, declaró el 24 de noviembre que Hungría se opone a la asignación de dinero del presupuesto para Ucrania y al crédito conjunto de los países de la UE para financiarlo, argumentando que el plan de Bruselas esclavizará a las próximas generaciones.
Antes del inicio de la cumbre de la UE del 23 de octubre, Orbán dijo que Hungría no apoyaría la adhesión de Kiev a la UE y ese asunto debe decidirse por unanimidad.
También anunció los resultados de una encuesta realizada en su país sobre el tema, según la cual el 95 por ciento de los participantes, más de 2 millones de personas, se manifestaron en contra.
Budapest se opone además a la política de sanciones del ente comunitario contra Moscú, desde que en febrero de 2022 comenzara la operación militar especial ordenada por el Kremlin en los territorios del Donbass.
Tal postura, unida a cuestionamientos sobre política interna por parte de Bruselas, hacen que la relación entre el mecanismo integracionista y Hungría sea difícil.
