Familiares y vecinos recordaron este lunes a Josué, Ismael, Nehemías y Steven, asesinados tras ser detenidos por una patrulla militar en la urbe costera el 8 de diciembre de 2024.
Con una marcha por el barrio donde vivían, ubicado en el sur de Guayaquil, decenas de personas expresaron dolor por una tragedia que conmovió al país.
Más temprano, en una rueda de prensa, Katty Bustos, madre de Josué e Ismael Arroyo agradeció el apoyo de grupos de la sociedad civil que han estado junto a ellos para darles fuerza y exigió saber ”la verdad, que se haga justicia”.
Igualmente, Johana Arboleda, madre de Saúl, pidió justicia para “que ya no se vuelva a repetir más nunca con ningún niño”.
El padre de Steven, Ronny Medina, rechazó las versiones de los militares que afirmaron haber dejado a los menores con vida, pero “¿de qué vale que les hayan dejado con vida, si los dejaron maltratados, en un lugar de tercer orden, donde hay solo monte, oscuridad?”.
En Quito, por su parte, hubo un acto conmemorativo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), donde un grupo de artistas presentó la obra «Desaparecidos nunca más», en memoria de los cuatro menores.
El presidente de la CCE, Fernando Cerón, mencionó que no son solamente los cuatro niños de Las Malvinas víctimas de desaparición forzada, sino que hay más de 30 personas en esa situación.
Asimismo, en el bulevar de la avenida Naciones Unidas, en el norte de la capital, decenas de personas se reunieron en un plantón con velas y oraciones de homenaje a los jóvenes, mientras que otro grupo de ciudadanos acudió a las afueras de la Fiscalía General del Estado, donde responsabilizaron al Gobierno por la falta de respuestas ante el crimen.
Estos fueron algunos de los eventos convocados por la Mesa de Solidaridad, conformada por distintas organizaciones sociales, colectivos afroecuatorianos, de derechos humanos, para recordar el hecho.
Paralelamente, este lunes continuó la etapa final del juicio en el que son procesados los 17 militares cuya patrulla detuvo a los niños y, según las declaraciones de testigos, los sometieron a torturas, tratos crueles e inhumanos.
Como parte del proceso, la Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para los uniformados involucrados.
La detención de los cuatro adolescentes ocurrió en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, que indicó a los militares sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.
La coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Ingrid García, aseguró que no ha existido una disculpa pública real y que hubo ocultamiento de información, mientras las familias “no reciben respuestas”.
Para la legisladora Viviana Veloz, titular de la Comisión de Niñez, este es un día de luto nacional por un crimen que marcó al país y que ningún silencio estatal podrá enterrar.
