El Gobierno de Trinidad y Tobago, encabezado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, autorizó el uso de los aeropuertos internacionales de Piarco y Crown Point por aeronaves militares de Estados Unidos, una decisión que ha desatado una fuerte controversia política interna y ha sido interpretada como un nuevo paso en la estrategia de presión y cerco regional impulsada por Washington contra Venezuela.
Según informó la prensa local, el Ejecutivo trinitense justificó la medida como parte de supuestas “actividades logísticas” de cooperación con las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, sectores de la oposición advirtieron que se trata de una autorización sin precedentes, que compromete la soberanía nacional y rompe con la tradicional política de neutralidad del país caribeño.
El senador opositor y exministro de Asuntos Exteriores y de Caricom, Amery Browne, calificó el comunicado oficial como “engañoso” y alertó que nunca antes Trinidad y Tobago había concedido un permiso general a aeronaves militares extranjeras no especificadas para operar en su espacio aéreo y aeropuertos. A su juicio, la decisión no tiene carácter rutinario y se inscribe en los preparativos para una guerra de cambio de régimen en la región.
Browne subrayó que la medida no guarda relación con la cooperación histórica y amistosa con Estados Unidos, sino que empuja al país hacia el rol de “Estado satélite”, ignorando los consensos de la Comunidad del Caribe (Caricom) y violentando principios básicos del derecho internacional. El excanciller denunció además que, durante meses, Persad-Bissessar se ha negado a explicar al país el giro de su política exterior, particularmente en lo referido a su alineamiento militar.
La autorización coincide temporalmente con una intensificación de las acciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, incluida la reciente operación “Southern Spear”, anunciada por el Pentágono, así como con denuncias del Gobierno venezolano sobre actos de piratería y robo de petróleo, entre otras amenazas, sobre las que Caracas ha señalado la complicidad de actores regionales.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció que Trinidad y Tobago ha permitido el uso de su territorio como plataforma para operaciones hostiles, incluyendo la instalación de radares y el tránsito de medios militares estadounidenses, lo que —según Venezuela— constituye una amenaza directa a su soberanía energética y territorial.
En respuesta, el Ejecutivo venezolano decidió extinguir de manera inmediata cualquier contrato o negociación para el suministro de gas natural al país vecino.
La militarización del Caribe oriental y la cesión de infraestructuras estratégicas a fuerzas extranjeras forma parte de una arquitectura de presión geopolítica orientada a aislar a Venezuela, controlar rutas energéticas y disciplinar a los Gobiernos que no se alinean con Washington.
En el plano interno, el Partido Nacional del Pueblo (PNM) denunció que la decisión consolida la subordinación de Trinidad y Tobago a intereses externos, mientras que líderes políticos como Pennelope Beckles llamaron a convertir este tema en eje central del debate electoral en Tobago, de cara a los comicios previstos para el 12 de enero.
