El Gobierno de la República Popular China anunció la imposición de medidas contra una veintena de empresas estadounidenses vinculadas a la industria armamentística tras la aprobación en Washington de un nuevo paquete de asistencia militar a Taiwán, valorado en 11.000 millones de dólares.
La medida incluye restricciones dirigidas tanto a las compañías como a altos ejecutivos acusados de facilitar el suministro de armamento a Taipéi durante los últimos años.
Según el anuncio, de conformidad con los artículos 3, 4, 5, 6, 9 y 15 de la Ley de Sanciones Anti-Extranjeras, las contramedidas se dirigen contra: Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing en St. Louis, Gibbs & Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Inc., Dedrone Holdings Inc., Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power Inc. y Lazarus Enterprises Inc.
Se congelarán todos los bienes muebles e inmuebles, así como otros tipos de activos pertenecientes a las empresas que figuran en la lista dentro de China. Además, se prohíbe a las organizaciones e individuos dentro de China realizar transacciones, cooperar u otras actividades con estas entidades, según el anuncio del viernes.
Las contramedidas también afectan a 10 altos ejecutivos, entre ellos Palmer Luckey, fundador de Anduril Industries; John Cantillon, vicepresidente de L3Harris Technologies, Inc. y vicepresidente y director de contabilidad de L3Harris Maritime Services; Michael J. Carnovale, presidente y director ejecutivo de Advanced Acoustic Concepts; John A. Cuomo, presidente y director ejecutivo de VSE Corporation; Mitch McDonald, presidente de Teal Drones, Inc.; Anshuman Roy, fundador y director ejecutivo de Rhombus Power Inc.; Dan Smoot, presidente y director ejecutivo de Vantor; Aaditya Devarakonda, director ejecutivo de Dedrone Holdings Inc.; Ann Wood, presidenta de High Point Aerotechnologies; y Jay Hoflich, cofundador y director ejecutivo de ReconCraft.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino sostuvo que las medidas responden a lo que Beijing califica como una violación directa de su soberanía e integridad territorial. Las autoridades remarcaron que toda transferencia militar extranjera hacia Taiwán constituye una injerencia en los asuntos internos de China y “una amenaza a los intereses de seguridad nacionales”.
El anuncio ocurre en un escenario de creciente tensión en el Estrecho de Taiwán, en momentos en que Estados Unidos afirma que su asistencia militar busca “preservar el equilibrio estratégico” en la región.
Para Beijing, ese argumento encubre una escalada que fortalece las capacidades defensivas de la isla y podría alterar el statu quo. En respuesta, China subrayó que las medidas adoptadas están amparadas por su legislación interna y formarían parte de un marco de contramedidas legítimas.
Washington sostiene que el nuevo paquete de apoyo se inscribe dentro de un compromiso a largo plazo para reforzar la defensa taiwanesa. Paralelamente, Taipéi anunció su intención de destinar 40.000 millones de dólares adicionales entre 2026 y 2033 a gasto militar, como parte de un plan para modernizar su infraestructura de seguridad y ampliar su capacidad disuasoria ante posibles escenarios de conflicto.
Japón, por su parte, señaló que no descarta intervenir si se produce un ataque contra la isla, evidenciando el nivel de inquietud regional.
En este contexto, el Ejército chino mantiene operaciones y maniobras regulares cerca del territorio taiwanés, lo que analistas interpretan como un mensaje político y militar frente a la cooperación de Taipéi con Estados Unidos. Beijing considera estas acciones militares como parte de un dispositivo de defensa frente a “provocaciones externas”, mientras que voces en la isla denuncian presión militar constante.
El Gobierno chino afirmó que las medidas anunciadas forman parte de una respuesta acumulada a decisiones previas del Pentágono y empresas vinculadas a la producción y suministro de armamento. Para Beijing, la venta de armas a Taiwán representa una línea roja estratégica y un factor de tensión que deteriora las relaciones bilaterales con Washington.
