
El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, denunció que algunos de los participantes en los recientes disturbios armados registrados en el país recibieron pagos directos por ejecutar actos terroristas, asesinatos e incendios provocados. Según precisó el titular, las investigaciones revelaron la existencia de reuniones donde se establecieron tarifas específicas para el sabotaje: el asesinato de una persona se pagaba con 500 millones de tomanes, el incendio de un vehículo con 200 millones y el ataque a comisarías con 80 millones.
Nasirzadeh informó sobre la detención de un individuo que acumuló más de 6.000 dólares mediante estas actividades delictivas, lo que confirma la instrumentalización de la violencia financiada desde el exterior. Por su parte, el canciller Abbas Araghchi explicó que las protestas iniciadas en diciembre de 2025 comenzaron con reclamos económicos legítimos de sectores sindicales, pero derivaron en una segunda etapa de desestabilización tras la aparición de grupos terroristas entre el 8 y el 10 de enero.
Estas movilizaciones, que cuentan con el respaldo de sectores monárquicos en el exilio, ocurren en un contexto de máxima presión económica debido a las sanciones de Occidente que mantienen la inflación en un 39 por ciento y provocaron una depreciación histórica de la moneda local.
Ante este escenario de guerra híbrida, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que la República Islámica no dudará en atacar objetivos en territorio de Israel e instalaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio si se concreta una agresión armada.
En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con utilizar una fuerza sin precedentes y decretó un arancel adicional del 25 por ciento contra cualquier país que mantenga vínculos comerciales con Irán. Las autoridades iraníes ratificaron que defenderán la soberanía nacional frente a los intentos de injerencia extranjera que buscan quebrar el orden constitucional establecido desde 1979.
En ese sentido el embajador y representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Ali Bahreini, denunció mediante un documento oficial que terminales satelitales Starlink, de la empresa SpaceX, están siendo empleadas de forma ilegal para coordinar actos de sabotaje y desestabilizar la seguridad nacional.
El diplomático recordó que el uso de estas tecnologías de la información contraviene las legislaciones internacionales acordadas desde la década de 1990, por lo que el Comité de Regulación de Radiocomunicaciones solicitó a la Administración de Starlink la desactivación inmediata de los equipos que operan sin autorización. Bahreini subrayó que Irán ejercerá su derecho y deber soberano de frenar cualquier acción que atente contra su integridad mediante el uso de redes satelitales sin control.
En este contexto de alta tensión y ante la posibilidad de agresiones por parte de Estados Unidos, las autoridades iraníes realizaron el cierre temporal de su espacio aéreo hasta las 03:30 GMT de este jueves. Tras cumplirse el período de la notificación a los aviadores, la organización de aviación civil de Irán emitió un comunicado informando la reapertura de todas las rutas para vuelos en tránsito, entrantes y salientes, asegurando la normalización de los servicios aeroportuarios.
El embajador Bahreini exhortó a la Unión Internacional de Telecomunicaciones a aplicar medidas concretas que garanticen el cumplimiento de las normas internacionales y eviten que estas herramientas tecnológicas sean utilizadas como instrumentos de injerencia o desestabilización política.

