Una poderosa red de sindicatos, movimientos sociales, clérigos y pequeñas empresas convocó a una jornada de resistencia y paro total para la tarde de este viernes 23 de enero en el estado de Minnesota, instando a la población a suspender labores, clases y compras, en marco de un significativo boicot económico contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE),
Bajo consignas que denuncian el asedio de las fuerzas federales en las calles del país, la movilización busca denunciar la «extralimitación extrema» de las autoridades migratorias y exigir su retirada del estado, así como ejercer una presión sin precedentes sobre la Administración de Donald Trump, en un momento donde la violencia institucional y las detenciones arbitrarias han fracturado la tranquilidad de las comunidades locales.
La movilización busca denunciar la «extralimitación extrema» de las autoridades migratorias y exigir su retirada del estado, desafiando incluso las peligrosas temperaturas bajo cero, entre -20 y -30 grados Celsius, pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacio
La jornada de protesta esta convocada incluso desafiando las peligrosas temperaturas gélidas que oscilan entre los -20 y -30 grados Celsius pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional, un clima que las organizaciones comparan con la hostilidad del entorno político generado por las leyes migratorias vigentes.
La movilización de este viernes se planificó como la acción de protesta coordinada más grande hasta la fecha, incluyendo una marcha en el centro de Minneapolis.
Más de 100 pequeñas empresas en las Ciudades Gemelas, predominantemente cafeterías y restaurantes, anunciaron que cerrarían en solidaridad con los movilizados, así como para evitar que su personal sea víctima de secuestros por parte de los agentes federales. Asimismo varios de estos afirmaron que donarían parte de sus ingresos para los manifestantes, a fin de apoyarlos con abrigos y comidas calientes para ayudar a hacer frente a las bajas temperaturas.
En el ámbito educativo, numerosas escuelas también planearon cierres. La Universidad de Minnesota, con aproximadamente 50.000 estudiantes matriculados, suspendió sus clases presenciales debido a la alerta de frío extremo, decisión que también adoptó el distrito escolar público de St. Paul. Las Escuelas Públicas de Minneapolis anunciaron su cierre para este viernes por un «día de mantenimiento de registros de maestros», sumándose indirectamente a la jornada de interrupción.
La Iglesia también tomó una postura activa; líderes religiosos de diversas tradiciones, desde el budismo hasta el islam, se han trasladado desde Washington y Los Ángeles para sumarse a la marcha, afirmando que la fe debe estar al lado de los oprimidos frente a la extralimitación del poder estatal. El clima de tensión en Minnesota se agudizó tras la visita del vicepresidente J.D. Vance, quien instó a las autoridades locales a profundizar la cooperación con los agentes de ICE, desatando la indignación de los defensores de derechos civiles.
Recientemente, un destacado abogado y varios activistas fueron arrestados por interrumpir servicios religiosos en señal de protesta, lo que ha reforzado la determinación de los organizadores. «Los habitantes de Minnesota comprenden que ante una emergencia debemos actuar de forma diferente», declaró Kate Havelin, de la organización Indivisible Twin Cities, subrayando que la presencia de las autoridades migratorias constituye una crisis humanitaria que no permite que la comunidad responda con normalidad.
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de Víctor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años que murió bajo custodia federal apenas ocho días después de su detención en Mineápolis. Díaz fue trasladado al polémico centro de detención Camp East Montana, en El Paso, Texas, donde personal de seguridad privada lo encontró inconsciente en su celda el pasado 14 de enero.
A pesar de que las autoridades estadounidenses califican el hecho como un presunto suicidio, la causa oficial permanece bajo investigación, sumando un nuevo nombre a la lista de víctimas del sistema carcelario migratorio que opera bajo la Administración de Donald Trump. Este caso representa la tercera muerte ocurrida en el centro de detención de El Paso en lo que va de 2026 y la sexta víctima fatal bajo custodia del ICE a nivel nacional en menos de un mes.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que Camp East Montana es un epicentro de condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y negligencia médica deliberada, factores que empujan a los detenidos a situaciones de estrés extremo. Activistas señalan que el ingreso de Díaz el 6 de enero y su posterior muerte evidencian la celeridad con la que se ejecutan los traslados y la falta de protocolos de protección para la integridad física y mental de los migrantes centroamericanos, quienes enfrentan un mecanismo de represión sistemática.
La tragedia de Víctor Manuel Díaz ha encendido nuevamente las alarmas sobre la gestión de centros de detención operados por empresas privadas, los cuales funcionan sin una supervisión efectiva y bajo contratos que priorizan el hacinamiento sobre la dignidad humana. Defensores de los derechos de los migrantes denuncian que estas instalaciones se transformaron en campos de castigo donde impera la impunidad y la ausencia de atención médica básica.
Ante este panorama, diversas coaliciones sociales exigen una investigación independiente que aclare las circunstancias de este deceso, el cual se inscribe en un patrón de violencia institucional que busca quebrar la voluntad de los pueblos del Sur Global que intentan sobrevivir al asedio migratorio de Washington.
