La excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González denunció que estas acciones judiciales buscan ocultar los vínculos del Gobierno de Daniel Noboa con el narcotráfico y la corrupción. González señaló que, mientras la Fiscalía persigue a la oposición, ignora evidencias que vinculan a funcionarios actuales, asambleístas del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y empresas del grupo Noboa con el tráfico internacional de cocaína.
En conferencia de prensa este miércoles 28 de enero, González detalló casos específicos como el de la asambleísta Michelle Mancheno, cuyo esposo, Álvaro Guibernau, gerente de Noboa Trading, estaría relacionado con procesos de tráfico de estupefacientes sin haber sido investigado.
Asimismo, denunció el caso de la presidenta de ADN, María Moreno, a quien la fiscal Diana Salazar habría limpiado expedientes por narcotráfico. La dirigente también mencionó el hallazgo de tres toneladas de cocaína en una empresa vinculada al actual ministro Danilo Palacios y el caso de la hacienda del grupo Noboa donde se encontraron 196 paquetes de droga, procesos que, según afirmó, fueron cerrados sin responsables por la justicia ecuatoriana.
González calificó a la actual Administración como el Gobierno de la corrupción, el tráfico de cocaína y la muerte, acusando a Daniel Noboa de utilizar a la Fiscalía como un instrumento para desviar la atención de la catástrofe que vive el país. González realizó un llamado a las autoridades para que busquen los verdaderos delitos en el Palacio de Carondelet y no en las viviendas de quienes ejercen la oposición democrática.
El Movimiento Revolución Ciudadana ratificó su postura de denuncia ante lo que consideran un Estado capturado por intereses criminales que utiliza el derecho penal para silenciar a quienes exigen transparencia y justicia social en Ecuador.
La Fiscalía General del Estado de Ecuador realizó la madrugada de este miércoles una serie de allanamientos a las viviendas de figuras claves del Movimiento Revolución Ciudadana, incluyendo la residencia de la excandidata presidencial Luisa González.
El operativo, desplegado en las provincias de Pichincha y Guayas bajo el denominado caso Cajachica, fue denunciado por la dirigencia del movimiento como un nuevo episodio de «lawfare» o guerra jurídica. Analistas y expertos advierten que estas acciones, basadas en denuncias opacas y reservadas, buscan criminalizar a la principal fuerza opositora del país y erosionar el estado de derecho mediante el uso de la justicia como un brazo político del Ejecutivo.
Diversos analistas políticos señalan que esta maniobra del Gobierno de Daniel Noboa ocurre en un momento de tensión institucional, justo después de que el excandidato Andrés Arauz planteara la necesidad de una revocatoria de mandato debido al incumplimiento del programa de Gobierno. La caída en los índices de aprobación de Noboa, situados por debajo del 40 por ciento, habría impulsado esta estrategia de desvío de atención para atacar a sus opositores.
Desde el exilio, el expresidente Rafael Correa calificó los allanamientos como un espectáculo judicial sin pruebas, asegurando que este nivel de persecución y hostigamiento contra dirigentes políticos no se registra ni en las dictaduras más feroces de la región.
La comunidad internacional y organismos de derechos humanos fueron alertados sobre este patrón sistemático de vulneración al debido proceso, donde la Fiscalía actúa bajo una supuesta investigación de lavado de activos sin transparencia. La Revolución Ciudadana reafirmó su postura de resistencia frente a lo que consideran un Gobierno autocrático que utiliza los poderes del Estado para impedir la fiscalización y la participación democrática.
