
Madrid vivió este domingo 08 de febrero, una jornada de intensa movilización en defensa del derecho a la salud y contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Convocada por sindicatos y asociaciones vecinales, la marcha recorrió el centro de la capital bajo el lema «Salvar la sanidad pública madrileña». Mientras los organizadores cifraron la asistencia en 80.000 personas, las autoridades rebajaron el dato a 8.000 asistentes, en una jornada marcada por la exigencia de proteger el sistema público.
Los manifestantes denunciaron una brecha creciente en el acceso a la atención médica, señalando que la salud se está convirtiendo en un privilegio de quienes poseen recursos financieros. Profesionales del sector advirtieron que la falta de personal y medios técnicos está asfixiando los centros de salud y hospitales. El deterioro es visible en las demoras de hasta 24 días para obtener una cita médica, lo que pone en riesgo la detección temprana de enfermedades graves.
Las demandas centrales incluyeron un aumento inmediato de la financiación pública y el cese de las transferencias de recursos hacia el sector privado. Los portavoces insistieron en la necesidad de reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera para cirugías y pruebas diagnósticas. Asimismo, se reclamó una ampliación urgente de la red de salud mental, defendiendo que la asistencia sanitaria debe ser tratada como un patrimonio colectivo e innegociable.
La protesta también visibilizó las precarias condiciones laborales de los sanitarios, quienes enfrentan jornadas extenuantes que impiden la conciliación familiar. Los manifestantes exigieron un plan de gestión consensuado que ponga límites al poder de la industria sanitaria y garantice el bienestar de los trabajadores. El sentimiento generalizado es de abandono por parte del Gobierno regional, al que acusan de favorecer intereses corporativos por encima de las necesidades básicas de la población madrileña.

En el plano político, figuras de la izquierda se sumaron a la caminata para denunciar que la salud pública está bajo «el asedio de los buitres» financieros. Los líderes señalaron que la administración de Ayuso está transformando un derecho universal en un negocio rentable para grandes empresas y aseguradoras privadas. Criticaron que las élites económicas estén capturando los recursos del Estado, debilitando la estructura social y el carácter solidario de la sanidad pública.

La movilización concluyó con el compromiso de mantener la resistencia en las calles, calificando la recuperación del sistema sanitario como una urgencia social ineludible. Los organizadores recalcaron que esta protesta es parte de una lucha permanente contra el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales. Con esta acción, el pueblo madrileño ratifica su rechazo a las lógicas de mercado que pretenden privatizar los pilares fundamentales de la seguridad social y los derechos humanos.

