El anuncio de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Gobierno PSOE-Sumar de un Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud ha desatado un enorme júbilo en las “mareas blancas” y en organizaciones como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, fiel escudera del PSOE y oráculo para El País en materia de sanidad.
Las referencias al Anteproyecto realizadas por la Ministra de Sanidad – cuando escribo estas líneas aún no ha sido publicado – en cuanto a la derogación de la Ley 15/97, a la priorización de la gestión pública directa y a la excepcionalidad de la gestión privada, son sin duda buenas noticias que no reflejan más que intenciones. En todo caso, recuerdo que, de aprobarse la Ley, no afectará en nada a los 145 hospitales de gestión privada, ya que la misma no tiene carácter retroactivo.
El anteproyecto deberá ser remitido al Parlamento, y si recibe una primera votación favorable para su “toma en consideración”, iniciará su tramitación. ¿Durante cuánto tiempo? El que la mayoría del Congreso decida, en primer lugar los grupos que sostienen al Gobierno, quienes podrían adoptar el trámite de urgencia. El tiempo es un elemento clave, ya que los trámites son largos, si no se tramita con urgencia, insisto, el Proyecto de Ley decaerá porque dentro de un año deben convocarse elecciones generales. Así que pronto veremos si hay voluntad real de aprobarlo o se trata de un brindis al sol.
Las medidas anunciadas sorprenden al provenir de un gobierno hegemonizado por el PSOE que, no sólo aseguró al PP la mayoría parlamentaria que no tenía para sacar adelante la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión – barra libre para el capital privado – , sino que la ha aplicado profusamente en CC.AA gobernadas en solitario o con “la Izquierda plural”. Asombra más aún cuando hace menos tiempo y en plena movilización social, el pacto electoral entre Podemos y el PSOE excluyó la derogación de la citada Ley.
Extraña además si se recuerda que la propuesta viene de un Ministerio de Sanidad que, tras el escándalo de las vacunas Covid, anunció que se proponía crear una industria farmacéutica pública que debía fabricar los medicamentos esenciales… Lo que se ha creado es una sociedad mercantil, Terafront Pharmatech[1], de mayoría privada (51%), pero con participación pública (49%). Es decir, la decisión está en manos del capital privado y el presupuesto público aporta casi la mitad. Además no fabricará medicamentos esenciales sino “terapias avanzadas” mucho más rentables.
Pero, ¿es la primera vez que se habla de la derogación de la Ley 15/97?
Ni mucho menos. Desde hace 30 años una espesa losa de silencio mediático ha caído sistemáticamente sobre la Coordinadora Antiprivatiación de la Sanidad (CAS), que hizo de la lucha contra esa Ley su caballo de batalla, que recogió 400.000 firmas contra ella y que sacó a la calle a decenas de miles de personas en todo el Estado. El poder mediático y los gobiernos a su servicio prefirieron ensalzar las movilizaciones del cuarteto PSOE, CCOO, UGT e IU que dirigían sus dardos sólo contra el PP y no nombraban la Ley 15/97 porque revelaba la complicidad directa del PSOE y el apoyo de CCOO[2] a la aprobación de la citada Ley
Pero el deterioro galopante de la sanidad pública y las movilizaciones de CAS hicieron que la derogación de la Ley 15/97 llegara al Congreso en dos ocasiones:
- En noviembre de 2009 el Congreso aprobó una Proposición de Ley presentada por ERC e IU que proponía modificarla. El Pleno la “tomó en consideración”, con el voto del PSOE, y se remitió a la Comisión de Sanidad de la Cámara. Allí durmió el sueño de los justos durante dos años. En todo ese tiempo el Grupo Parlamentario del PSOE estuvo dilatando e impidiendo un debate que ni siquiera se inició. En septiembre de 2011 se disolvieron las Cámaras por las nuevas elecciones.
- En noviembre de 2012, el PSOE ya en la oposición, presentó una Moción instando al Gobierno del PP a presentar un Proyecto de Ley[3] para derogar la Ley 15/97. Seguramente es difícil concebir tanto cinismo, pero las cosas son así.
- Más recientemente y al calor de la pandemia Covid el Gobierno PSOE con Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad, presentó en septiembre de 2020 un Informe para la Reconstrucción de la Sanidad Pública abigarrado y lleno de contradicciones[4]. Su trasfondo real se vería sólo un mes después, cuando el mismo personaje presidía un evento patrocinado por la farmacéutica Roche (la del escándalo del Tamiflu y la pandemia de la gripe A) y El País (a punto de ser comprado junto al resto del grupo Prisa por Black Rock). Lo llamaron “colaboración público- privada”, es decir, dinero público para el negocio privado.
Pocos ámbitos han sido tan usados como el de la sanidad para confundir a la opinión pública con palabras biensonantes que ocultan lo contrario de lo que dicen. Los ejemplos son numerosos: Informe Abril para la mejora y modernización de la sanidad, Ley de Salud Laboral que acabó siendo Ley de Prevención de Riesgos Laborales en manos de las Mutuas Patronales, Ley del Medicamento bajo el poder de la industria farmacéutica, Unidades de Gestión Clínica, en realidad de gestión empresarial, Empresas Públicas regidas por el derecho privado que subcontratan y precarizan condiciones laborales, etc.
Y es que la sanidad es terreno abonado para la manipulación y el negocio – necesariamente facilitado desde las administraciones públicas – precisamente porque trata de aspectos que generan tanta angustia como la enfermedad y la muerte[5]. En la gestión de la pandemia Covid tuvimos un clamoroso ejemplo. Negocio privado que, dados los fabulosos niveles de beneficios obtenidos de los presupuestos públicos, recompensa generosamente por los servicios prestados a los políticos de turno, puertas giratorias mediante.
La condición sine qua non para la privatización es la degradación progresiva de la sanidad pública planificada desde las administraciones públicas. El deterioro de la calidad y sobre todo las listas de espera son el principal caladero para el espectacular aumento de las pólizas de seguros privados.
El actual Anteproyecto llega a poco más de un año de las próximas elecciones, si no se anticipan, y dado que es más que dudoso que tenga el apoyo parlamentario suficiente, es casi imposible no percibir el intenso tufo electoral.
Una vez más y sin ninguna duda, la lucha es el único camino.
[1]https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20240722/gobierno-rovi-insud-notifican-cnmc-creacion-farmaceutica-semipublica-terafront/872412971_0.html?utm_cmp_rs=subtitle
[2]Aquí puede consultar la nota de prensa de la Federación de Sanidad de CC.OO congratulándose del amplio apoyo parlamentario (PP, PSOE, CiU, PNV y CC) conseguido por la Ley 15/97 https://x.com/AitGijon/status/1947777201866416395/photo/1
[3]Aquí se puede encontrar el análisis y los pormenores del asunto: https://www.lahaine.org/est_espanol.php/el-psoe-propone-derogar-la-ley-15-97-ia
[4]En este artículo se analiza cómo aún en plena pandemia y, justo al contrario de lo que se decía, la privatización de la sanidad avanzaba. https://www.lahaine.org/est_espanol.php/comision-de-reconstruccion-de-la
[5]Aquí se describe cómo la sanidad privada y sobre todo la industria farmacéutica, parasitan y destruyen la sanidad pública. https://www.publico.es/opinion/tribunas/parasitos-contradiccion-publico-privado-sanidad.html
