Los empleados judiciales iniciaron este lunes un paro y tomaron el edificio ubicado en Diagonal 760 de Capital Federal en Argentina, en respuesta al posible cierre de la Justicia Nacional del Trabajo y la aprobación en el Congreso del proyecto de reforma laboral.
Con una huelga de 48 horas, los trabajadores se enfrentaron en una protesta contra la reforma que incluye el traspaso de los procesos del ámbito laboral desde el fuero nacional a juzgados de la ciudad de Buenos Aires, que conllevaría a una reducción de puestos de trabajo.
Durante la jornada se definió una movilización el martes, promovida por los empleados como una medida de «emergencia» frente a lo que consideran un intento de «desmantelamiento» de la justicia laboral.
En este sentido, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció en un comunicado «la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo».
El sindicato denunció el “atropello a los derechos laborales” y subrayó que la reforma representa “una entrega de la justicia laboral y una amenaza para la protección de los trabajadores”.
Los trabajadores alegaron sobre «la gravedad del proceso de desmantelamiento en curso impulsado por una norma que vulnera de manera palmaria la Constitución Nacional, lo que impone la adopción de acciones excepcionales».
«La aprobación, por parte de senadores y diputados, del proyecto centralista y regresivo promovido por el Poder Ejecutivo Nacional constituye una verdadera traición a los/as trabajadores/as y a la función constitucional que cumple la Justicia del Trabajo», sostuvieron.
De igual manera agregaron que «frente a ello, resulta imprescindible profundizar las medidas de acción directa, sin perjuicio de la evaluación y promoción simultánea de las acciones judiciales pertinentes, orientadas a neutralizar los efectos de una ley manifiestamente inconstitucional y contraria a los tratados internacionales con jerarquía constitucional».
Asimismo al precisar que «el avance contra la Justicia Nacional reviste una gravedad institucional extrema y sus consecuencias pueden resultar irreparables para la tutela judicial efectiva de los derechos laborales», los trabajadores agregaron que «no permitiremos el desmantelamiento de estructuras esenciales del sistema judicial ni la vulneración de los derechos de los/as trabajadores/as. La ‘modernización’ es entrega. El traspaso es destrucción».
De acuerdo a los trabajadores algunas disposiciones de la reforma implicarían la disolución gradual del fuero laboral nacional y el cierre de al menos 30 juzgados.
