Cuando el general estadounidense Wesley Clark relató que, pocos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el Pentágono ya se hablaba de ir a la guerra contra Iraq, no estaba haciendo una denuncia menor. Clark no era un militante antiimperialista ni un observador externo al aparato militar de Estados Unidos. Había sido comandante supremo de la OTAN durante la guerra contra Yugoslavia y conocía desde dentro la arquitectura del poder militar norteamericano. Por eso sus palabras siguen teniendo hoy un valor político enorme al mostrar que la llamada “guerra contra el terror” no nació como respuesta defensiva, sino como cobertura ideológica de un proyecto de dominación largamente preparado.
Según su propio testimonio, aquel plan no se detenía en Iraq. La lista incluía Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, finalmente, Irán. Siete países en cinco años. La historia no siguió exactamente el calendario previsto por los estrategas de Washington, pero sí confirmó la lógica de fondo: destruir, fragmentar o someter a los Estados que pudieran obstaculizar la hegemonía estadounidense en una de las regiones más decisivas del planeta. No se trataba de democracia, ni de derechos humanos, ni de seguridad internacional, sino que se trataba, como tantas veces, de poder, petróleo, gas, rutas comerciales y control geopolítico.
El objetivo último era y sigue siendo Irán. No solo por su peso político, militar y demográfico, sino por su condición de potencia regional independiente, asentada sobre enormes recursos energéticos y situada en un punto neurálgico del comercio mundial. El estrecho de Ormuz no es una referencia geográfica más. Por sus aguas transita una parte decisiva del petróleo y del gas natural licuado que alimentan la economía mundial. Cualquier interrupción sostenida de ese flujo golpea la producción, el transporte, la agricultura, la industria electrónica y la vida cotidiana de millones de personas.
Ahí se entiende el papel asignado a Israel. El Estado israelí no actúa solo como aliado preferente de Washington, sino como pieza avanzada del dispositivo imperial occidental en Oriente Medio. La impunidad con la que bombardea, ocupa, asesina y desestabiliza no puede explicarse únicamente por inercias diplomáticas o por el chantaje moral derivado de la historia europea. Detrás de esa impunidad reside la función estratégica de garantizar, por la fuerza, que ningún proyecto soberano de la región pueda alterar el equilibrio diseñado por Estados Unidos y sus aliados.
El llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano expresó con claridad la ambición de preservar la primacía mundial estadounidense tras la desaparición de la URSS e impedir la emergencia de potencias capaces de disputar su hegemonía. La guerra permanente fue, desde entonces, una herramienta de gobierno global. Hoy, sin embargo, el mundo que Washington pretendía ordenar a su medida ya no existe. Rusia no ha sido derrotada. China avanza como competidor económico, tecnológico y diplomático de primer orden. El Sur global busca márgenes de soberanía. Y los pueblos de Oriente Medio, pese a la destrucción acumulada, no han aceptado dócilmente el destino que se les quería imponer.
Lo que arde en Oriente Medio no es una sucesión de conflictos aislados. Es la expresión concentrada de una crisis de hegemonía. Estados Unidos intenta conservar por medios militares un dominio que se le escapa en el terreno económico y político. Y Europa, lejos de actuar como contrapeso, aparece demasiadas veces subordinada a esa estrategia, incluso cuando ello la arrastra a la ruina moral, energética y diplomática.
No hay paz posible mientras la soberanía de los pueblos sea tratada como un obstáculo para los negocios del capital. No hay estabilidad posible mientras se pretenda redibujar Oriente Medio a golpe de invasiones, sanciones, golpes encubiertos y bombardeos. No hay salida democrática mientras se siga llamando “orden internacional” a lo que no es sino saqueo organizado.
