La Iglesia que calló ante demasiados abusos no está en condiciones de repartir lecciones de ética
Hay frases que, además de desafortunadas, resultan profundamente incoherentes cuando quien las pronuncia carga sobre sus hombros un pasado que todavía no ha sido asumido con la honestidad que merece.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha acusado al Gobierno de actuar como una «banda de ladrones» al referirse a los casos de corrupción que afectan a su entorno. Puede criticarse a cualquier gobierno, investigarse cualquier caso de corrupción y exigir responsabilidades políticas y penales cuando corresponda. En una democracia eso es imprescindible.
Pero precisamente la Iglesia católica española no parece la institución más indicada para erigirse en árbitro moral de nadie.
Por eso me parece plenamente comprensible la respuesta del ministro Félix Bolaños cuando replicó: «¿Y si calificásemos a la Iglesia como banda de agresores sexuales?». Su contestación no surgía de la nada. Respondía a una provocación y recordaba una realidad incómoda: durante décadas han salido a la luz centenares de denuncias por abusos sexuales cometidos por miembros del clero, así como graves críticas a la forma en que numerosas instituciones eclesiásticas gestionaron esos casos.
La diferencia es que los casos de corrupción deben investigarse y castigarse. Y exactamente lo mismo debe hacerse con los abusos sexuales, vengan de donde vengan. Nadie puede situarse por encima de la ley ni de la responsabilidad moral.
La Iglesia española debería dedicar menos tiempo a repartir certificados de ética y más a mirar hacia su propia historia.
Una historia marcada por el apoyo de buena parte de la jerarquía eclesiástica a la dictadura franquista, por su colaboración con el régimen durante décadas, por las controversias sobre las inmatriculaciones de miles de bienes, por los privilegios fiscales que aún conserva, por el escándalo de los abusos sexuales y por un largo debate social sobre el papel que ha desempeñado en algunos de los episodios más oscuros de nuestro país.
Nada de eso desaparece porque se señale la corrupción de otros.
La corrupción debe perseguirse siempre.
Los abusos también.
Los innumerables casos de pederastia.
Y los privilegios injustificados, igualmente.
Lo preocupante es que una parte importante de la jerarquía eclesiástica parece sentirse mucho más cómoda participando en la batalla política que ejerciendo la autocrítica. Con demasiada frecuencia la vemos alineada con posiciones profundamente conservadoras en cuestiones como los derechos de las mujeres, los derechos LGTBI, la educación pública, la memoria democrática o determinadas conquistas sociales y laborales.
Mientras tanto, cuesta encontrar el mismo entusiasmo para denunciar la pobreza, la precariedad laboral, la explotación de los trabajadores o la creciente desigualdad económica con la misma contundencia con la que se interviene en el debate partidista.
Y esa es, quizá, la mayor contradicción.
Porque el mensaje atribuido a Jesucristo en los Evangelios pone en el centro a los pobres, a los enfermos, a los marginados y a quienes sufren la injusticia. Sin embargo, demasiadas veces la jerarquía eclesiástica española ha parecido más preocupada por conservar influencia política y privilegios que por situarse al lado de quienes más lo necesitan.
Nadie discute el trabajo admirable que realizan muchos creyentes, parroquias, religiosos y organizaciones vinculadas a la Iglesia ayudando a personas vulnerables. Esa labor merece reconocimiento.
Pero precisamente por respeto a ellos, la jerarquía debería ejercer una mayor humildad antes de señalar con el dedo a los demás.
Porque quien exige ejemplaridad también debe estar dispuesto a responder por sus propios errores.
Y porque la autoridad moral no se proclama. Se demuestra.
André Abeledo Fernández
