Palestina y Sáhara: la misma cadena, dos eslabones.
Hay una crisis que ocupa portadas, minutos de telediario, ruedas de prensa. Y hay otra que lleva medio siglo sepultada bajo el silencio cómplice de quienes deberían repararla. Un pueblo desterrado en el desierto, condenado a existir en los márgenes de la agenda internacional mientras su tierra es saqueada por quien la ocupa con la bendición de Occidente.
Cada verano, cuando el calor en la hamada argelina se vuelve insoportable, niñas y niños saharauis cruzan el Mediterráneo para respirar, para curarse de lo que en los campamentos de Tinduf no tiene cura posible. Es la única tregua que les regala un mundo que, el resto del año, mira hacia otro lado. Ese gesto —tan pequeño, tan insuficiente— es también la medida exacta de nuestra vergüenza: seguimos tratando como caridad lo que en realidad es una deuda histórica y una obligación legal.
Porque España no es un espectador inocente en este conflicto. España es, según el derecho internacional, la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, un territorio que abandonó bajo los bombardeos de fósforo blanco y la ocupación militar marroquí tras los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975. Marruecos, por más que insista, no es más que la potencia ocupante: ningún Estado miembro de Naciones Unidas ha reconocido su soberanía sobre esa tierra. Y sin embargo, gobierno tras gobierno, PSOE y PP se han turnado en la misma sumisión ante el majzén marroquí, olvidando cada promesa hecha desde la oposición en cuanto llegan a la Moncloa. La entrega de 1975 fue una traición criminal. La convalidación de esa entrega en 2022, cuando Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí a cambio de que Rabat gestionara la frontera migratoria, fue una segunda traición, la enésima.
Y esta historia, camaradas, no es un caso aislado. Es un calco.
La misma lógica colonial, distinto acento.
Lo que Marruecos ejecuta en el Sáhara Occidental es la réplica exacta de lo que Israel ejecuta en Palestina. Dos muros: el de más de dos mil kilómetros que separa al pueblo saharaui de su tierra desde 1987, y el que fragmenta Cisjordania en checkpoints y colonias ilegales. Dos ocupaciones sostenidas por la impunidad más absoluta ante decenas de resoluciones de la ONU acumulando polvo en los archivos. Dos pueblos sometidos a detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, mientras las grandes potencias arman, financian y protegen al ocupante.
Cuando un pueblo vive bajo leyes distintas según su origen étnico, cuando se le niega el agua, la tierra, la libertad de movimiento y el control de sus propios recursos, ese sistema tiene un nombre: apartheid. Lo han dicho juristas, relatores de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de prestigio internacional. No es una consigna. Es una descripción.
Y el expolio, además, es política de Estado en ambos casos. Mientras en Cisjordania se arrancan olivos para levantar colonias, en el Sáhara los caladeros más ricos del Atlántico y los fosfatos del subsuelo se reparten entre empresas europeas con la bendición de Rabat —y con la complicidad activa de una Unión Europea que firma acuerdos pesqueros incluyendo aguas saharauis, algo que el propio Tribunal de Justicia de la UE ha tenido que corregir en repetidas ocasiones. Los recursos del pueblo saharaui deben ser gestionados por el pueblo saharaui. Lo contrario es condenar a la pobreza a quien lucha por su independencia.
Un pueblo que nunca se arrodilló.
Desde el alto el fuego de 1991, el pueblo saharaui vive partido en dos: una parte secuestrada, vigilada y reprimida en el territorio ocupado; otra exiliada en el desierto argelino, sobreviviendo gracias a la cooperación internacional mientras esa misma cooperación se reduce año tras año. Más de quinientas personas desaparecidas, fosas comunes, torturas, violaciones, una Intifada pacífica en 2005 respondida con asesinatos y juicios sin garantías. Y aun así, el Frente Polisario ha sabido sostener un gobierno en el exilio, un ejército, unas instituciones, el control de una cuarta parte del territorio saharaui. Un pueblo masacrado y abandonado que jamás se ha rendido.
No existe simetría posible entre el ocupante que dispone de tanques, muros y bombas de fósforo blanco, y el pueblo que resiste su propio borrado. La resistencia frente a la ocupación colonial es un derecho reconocido por el derecho internacional —lo fue en Argelia, en Vietnam, en Sudáfrica, y lo es hoy en Palestina y en el Sáhara.
La autodeterminación no se negocia.
El derecho de los pueblos a decidir su propio destino está en la Carta de Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en decenas de resoluciones de la Asamblea General. No hay «contexto geopolítico» que lo anule. Los saharauis llevan medio siglo esperando el referéndum que la ONU les prometió y que Marruecos, con el respaldo de Occidente, bloquea sistemáticamente. Los palestinos llevan décadas exigiendo lo mismo. En ambos casos, el poder responde igual: dilatar, criminalizar, llamar terrorismo a quien se niega a desaparecer.
Como comunistas, como internacionalistas, como clase trabajadora, no podemos ser cómplices de ese silencio. La libertad de un pueblo no se subasta al mejor postor imperialista. Palestina libre, Sáhara libre: no son consignas vacías, son la medida de si de verdad creemos en la justicia y en la dignidad de todos los pueblos del mundo.
Desde Galicia, nuestra obligación es señalar a los traidores de siempre, romper el bloqueo informativo y ponernos, codo con codo, junto al Frente Polisario y junto a Palestina. Eso, y no otra cosa, es el internacionalismo.
Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
