LA DEMOCRACIA DE PAPEL: POR QUÉ LA CLASE TRABAJADORA VOTA PERO NO GOBIERNA.
Nunca me he considerado un político. Ni lo soy ni creo que quiera serlo. En una ocasión acepté encabezar una candidatura municipal de izquierdas porque siempre he defendido una idea muy sencilla: los trabajadores y las trabajadoras debemos tomar las riendas de nuestras propias vidas. No podemos limitarnos a delegar nuestro futuro en personas que, demasiadas veces, ni comparten nuestros intereses ni conocen de primera mano los problemas cotidianos de la mayoría social.
Aquella experiencia me dejó una enseñanza que todavía hoy considero una de las grandes carencias de nuestro sistema democrático: todo parece estar diseñado para dificultar que un trabajador participe activamente en política.
No hablo de teorías conspirativas. Hablo de una realidad material.
UNA IGUALDAD QUE SOLO EXISTE SOBRE EL PAPEL
Nos dicen que vivimos en una democracia donde cualquiera puede presentarse a unas elecciones. Formalmente es cierto. Materialmente, no.
Quien trabaja por cuenta ajena tiene que seguir cumpliendo su jornada laboral, asistir a plenos, comisiones y reuniones, estudiar expedientes, atender a la ciudadanía y, además, intentar mantener una vida familiar y personal. En muchos casos, incluso soportando presiones o el miedo a represalias laborales por ejercer una representación democrática legítima.
Mientras tanto, otros colectivos cuentan con mecanismos que facilitan esa participación pública. Es lógico que existan derechos para garantizar el ejercicio de responsabilidades institucionales. Lo que deja de ser lógico es que esos derechos no alcancen por igual a quienes viven exclusivamente de su salario.
Al final, participar en política acaba siendo un lujo que muchos trabajadores no pueden permitirse. Las leyes pueden decir que todos somos iguales ante las urnas, pero la realidad demuestra que no todos partimos de las mismas condiciones para representar a la ciudadanía. Y cuando la igualdad solo existe sobre el papel, deja de ser igualdad para convertirse en propaganda.
EL CLASISMO QUE NADIE QUIERE NOMBRAR
El resultado salta a la vista. Las instituciones se llenan de profesionales de la política que hace años dejaron de conocer la vida cotidiana de un trabajador. Personas que legislan sobre salarios sin depender de una nómina, que hablan de conciliación mientras otros enlazan jornadas interminables y que pontifican sobre la pobreza desde la comodidad de un despacho.
Existe un clasismo evidente. El económico, que todos conocemos. Pero también uno intelectual, todavía más peligroso, que considera que la clase trabajadora no está preparada para gobernar.
La derecha siempre ha defendido que deben mandar las élites económicas. La ultraderecha añade a ese discurso el autoritarismo y el nacionalismo excluyente. Pero una parte de la izquierda tampoco está libre de culpa. Hay quienes hablan constantemente en nombre del pueblo mientras impiden que el propio pueblo tome la palabra. Practican una versión moderna del despotismo ilustrado: todo para los trabajadores, pero sin los trabajadores.
Nos quieren para llenar mítines. Nos quieren para pegar carteles. Nos quieren para repartir propaganda. Nos quieren para votar. Pero cuando un cajero de supermercado, una limpiadora, un albañil, una dependienta, un conductor o un operario pretende ocupar un escaño o un asiento en un pleno municipal, empiezan las incomodidades. Entonces aparecen quienes insinúan que faltan preparación, experiencia o conocimientos. Curiosamente, nunca parecen cuestionar la preparación de quienes llevan décadas viviendo exclusivamente de la política.
La realidad es mucho más sencilla: no quieren que la clase trabajadora tenga voz propia. Prefieren hablar por nosotros antes que escucharnos. Porque un trabajador organizado resulta mucho más difícil de manipular que un trabajador resignado.
MAYORÍA SOCIAL, MINORÍA INSTITUCIONAL
Sin embargo, somos nosotros quienes levantamos este país cada mañana. Somos quienes hacemos funcionar los hospitales, las fábricas, los supermercados, el transporte, la construcción, la industria y los servicios públicos y privados. Somos quienes generamos la riqueza que otros administran.
Somos la inmensa mayoría social. Y, paradójicamente, somos una minoría en las instituciones.
Eso no es casualidad. Es la consecuencia lógica de un sistema político que facilita la participación de quienes ya disponen de tiempo, recursos, estabilidad o redes de poder, mientras convierte la participación política de la clase trabajadora en una auténtica carrera de obstáculos.
Una democracia donde la mayoría social apenas puede aspirar a votar cada cuatro años es una democracia profundamente limitada. Porque la democracia no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna. Exige que cualquier trabajador pueda representar a sus vecinos sin jugarse el salario, el empleo o la estabilidad de su familia. Y exige también que ese voto cuente de verdad: la confianza democrática requiere no solo libertad para votar, sino transparencia absoluta en el escrutinio. La limpieza del proceso electoral es tan importante como el propio derecho al voto.
EL MUNICIPALISMO COMO TRINCHERA
Se habla mucho de municipalismo desde los despachos, pero demasiado poco desde la realidad cotidiana de quienes viven y trabajan en nuestros pueblos. Mi paso por el pleno municipal de Narón me dejó una convicción que mantengo intacta: un ayuntamiento no va a cambiar por sí solo el sistema, pero sí puede mejorar o empeorar la vida de la gente. Precisamente por eso, no podemos dejar la política municipal en manos de quienes la entienden únicamente como una carrera profesional o como un escalón dentro de la estructura de un partido.
El municipalismo cobra sentido cuando pone las instituciones al servicio de la mayoría social. Así lo entendimos cuando en 2016 defendimos en el pleno la declaración de Narón como «cidade libre de desafiuzamentos», recuperando una iniciativa ciudadana impulsada por la Rede de Apoio Mútuo de Ferrolterra y STOP Desahucios que llevaba meses olvidada en un cajón. La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a un hogar digno. Por eso defendimos también la creación de un parque público de vivienda en alquiler y el uso del patrimonio de la Sareb para garantizar ese derecho.
La misma lógica debe aplicarse a los servicios públicos. Propusimos reducir de seis a tres meses el tiempo de empadronamiento necesario para acceder a determinadas ayudas municipales, porque la pobreza no entiende de trámites administrativos. Frente a quienes siempre sospechan del necesitado, creemos que la Administración debe facilitar el acceso a los derechos y no convertirlos en una carrera de obstáculos.
Por esa misma razón defendí públicamente a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y reclamé que la concesión del servicio recayera en una empresa que garantizara condiciones laborales dignas. Los cuidados no pueden sostenerse sobre la precariedad. Y por eso también apoyamos a los trabajadores de Electrorayma-Tecman en Navantia en su reivindicación de una subrogación en condiciones de igualdad y dignidad. Un concejal no sustituye la lucha sindical, pero puede poner la institución al servicio de quienes la protagonizan.
ORGANIZARNOS, NO RESIGNARNOS
Estoy convencido de que hoy existe una mayoría silenciosa que no se siente representada ni por los gobiernos municipales ni por muchas de las oposiciones. Ese descontento no debería conducir a la resignación, sino a la organización. Debemos recuperar un municipalismo nacido desde abajo, construido por vecinos y vecinas comprometidos con el bien común, donde las personas estén por encima de las siglas y el servicio público por encima de las carreras políticas.
Los ayuntamientos fueron siempre la institución más cercana a la ciudadanía. Es precisamente ahí donde puede comenzar también la regeneración democrática que nuestro país necesita. No llegará desde los despachos ni desde las direcciones de los partidos. Llegará cuando la gente corriente decida volver a tomar las riendas de la política de sus pueblos.
Porque cuando quienes legislan desconocen la realidad de quienes sostienen el país con su trabajo, las leyes dejan de responder a las necesidades de la mayoría y comienzan a reflejar únicamente la visión de una minoría. Solo cuando las instituciones se parezcan de verdad al pueblo al que representan podremos empezar a hablar de una democracia más justa, más igualitaria y más auténtica.
Está en nuestras manos hacerlo realidad.
Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
