El pasado curso las trabajadoras y trabajadores de la educación pública del País Valencià protagonizaron una de las mayores movilizaciones de las últimas décadas. La huelga indefinida, sostenida durante semanas, las manifestaciones masivas, la organización en los centros y el amplio apoyo social demostraron que existe fuerza suficiente para defender la enseñanza pública cuando la clase trabajadora toma en sus manos la lucha por sus derechos.
La finalización del curso supuso el cierre de una fase de la movilización, pero no de las reivindicaciones que la hicieron necesaria. Continúan sin resolverse los problemas que afectan diariamente a la educación pública: pérdida de poder adquisitivo del profesorado, insuficiencia de plantillas, ratios inmanejables, carencias en infraestructuras, dificultades para la atención al alumnado y el constante trasvase de recursos públicos hacia la enseñanza privada concertada.
El principal avance conseguido durante la huelga no ha sido únicamente arrancar concesiones a la Administración. El mayor logro ha sido la organización construida en los centros educativos. Centenares de asambleas demostraron que la participación directa de las trabajadoras y trabajadores permite sostener conflictos prolongados, coordinar acciones y fortalecer la unidad de las plantillas de diferentes sectores: docente, administrativo, limpieza, conserjería, mantenimiento,…
El nuevo curso debe servir para consolidar esa experiencia. Es el momento de mantener activas las asambleas, reforzar la coordinación entre centros, incorporar a quienes se han acercado a la lucha durante los últimos meses y seguir fortaleciendo un sindicalismo combativo y de clase capaz de defender las reivindicaciones pendientes.
A las que se suma ahora la de enfrentar una nueva ofensiva contra la educación pública. La Generalitat Valenciana ha introducido, mediante la Ley 5/2026 (DOGV del 10 de agosto), que, entre otras cosas, modifica el Reglamento de la Inspección Educativa, la obligación de una supuesta «neutralidad ideológica», para lo que amplía las funciones de la Inspección Educativa a la vigilancia de actividades docentes, materiales y actos escolares, y habilita canales para comunicar posibles casos de «adoctrinamiento». Bajo una pretendida apariencia técnica, estas medidas inquisitoriales abren la puerta al control ideológico, la denuncia y la autocensura del profesorado, atacando su autonomía y libertad de cátedra. Una auténtica ‘caza de brujas’ en línea con un proceso de fascistización que debemos combatir frontalmente.
La pretendida neutralidad resulta además profundamente contradictoria mientras se financian con dinero público centros privados concertados con un no neutral ideario propio y se mantiene la enseñanza religiosa (doctrina cristiana) en la enseñanza pública. Frente a este nuevo ataque, resulta obligado incorporar a la movilización del nuevo curso la exigencia de derogación de estas medidas, reforzando las asambleas de centro, la unidad de la comunidad educativa y la respuesta organizada de las trabajadoras y trabajadores.
La huelga también ha demostrado que la defensa de la educación pública forma parte de una lucha más amplia de toda la clase trabajadora. La solidaridad recibida desde otros sectores y la participación activa del estudiantado evidencian que los ataques a la enseñanza pública forman parte de una ofensiva general contra las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Por ello, el inicio del curso no debe entenderse como una vuelta a la normalidad, sino como una nueva etapa de preparación, organización y acumulación de fuerzas. Todo lo construido durante la huelga debe servir para afrontar con mayores garantías las luchas que necesariamente volverán a plantearse.
La experiencia del pasado curso ha dejado una enseñanza fundamental: cuando los y las trabajadoras se unen, organizan, luchan y perseveran, son capaces de convertir el descontento en fuerza colectiva y avanzar en la defensa de sus intereses de clase. En el nuevo curso, hay que profundizar en esa línia.
Comité del País Valencià del PCPE
