Desde este martes, el gobierno húngaro empezará a aplicar una cuestionada ley que permite privar de libertad a los solicitantes de asilo durante todo el tiempo que dure la tramitación de sus peticiones, una norma que ha sido criticada por las Naciones Unidas.
La ley, aprobada por el Parlamento el pasado 7 de marzo, establece que los demandantes que llegan hasta la frontera húngara tienen que presentar sus solicitudes en las llamadas “zonas de tránsito”, en las que quedarán retenidos hasta que se resuelva el proceso.
“La meta del endurecimiento de la ley es que los inmigrantes cuya situación no está clara no puedan moverse libremente por el territorio del país y de la Unión Europea (UE), para disminuir el riesgo de seguridad que causa la inmigración”, recordó recientemente el Ministerio de Interior húngaro en un comunicado.
Las Naciones Unidas, a través de sus agencias de refugiados, Acnur, y de protección de la infancia, Unicef, ha criticado esta legislación, que salió adelante gracias a la mayoría absoluta del partido del gobierno, el conservador Fidesz, con el apoyo del ultranacionalista y xenófobo Jobbik.
Acnur ha denunciado que esta medida “viola las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la Unión Europea (UE)”, mientras que Unicef ha advertido que “es traumático detener a niños refugiados e inmigrantes que huyen de la violencia y la persecución y buscan una vida mejor”.
