Imputado todo un Ayuntamiento del PP que llevaba 25 años ‘reuniéndose en privado’ y pagándose por ello.
El concello de Valga, en Pontevedra, lleva con gobiernos de mayorías absolutas del PP desde el año 1991. Tan absolutas que José María Bello, el alcalde, a quien en la oposición califican de “muy dictatorial”, con el apoyo de su Junta de Gobierno se consideró a partir de 1992 cualificado para comenzar a convocar unas reuniones ‘paralelas’ a las Juntas de Gobierno… naturalmente pagadas con pluses de asistencia y con dinero público.
Reuniones sólo para los concejales del PP
El asunto, aunque ya había sido criticado durante años en los plenos municipales, no fue sin embargo denunciado judicialmente por la oposición (en estos momentos el PSOE tiene 4 concejales frente a los 9 del PP) hasta el pasado año “después de que intentáramos infructuosamente durante meses que nos aclarase en los plenos las características y el contenido de esas reuniones”, dice a ELPLURAL.COM María Ferreirós, portavoz del grupo socialista en Valga.
A estas reuniones, que eran calificadas en las Juntas de Gobierno de Valga como de coordinación, tan sólo eran invitados los concejales del PP. Ni los concejales que desde 1992 ocupaban la bancada de la oposición ni, aún más sorprendente, funcionario alguno del ayuntamiento para tomar notas, dar fe o simplemente apagar y encender las luces de la sala.
Hasta ahora, cada intento de aclarar “no sólo éste, sino también otros asuntos, era como chocar contra un muro dado el carácter autoritario del alcalde, que se negaba a contestarnos y nos retiraba la palabra cuando preguntábamos”, dice Ferreirós. Hasta que el grupo socialista cambió de estrategia y comenzó a pedir oficialmente documentos.
Imputados los concejales que cobraron las dietas
Les llevó un año hacerse con una mínima documentación, pero a pesar de las resistencias del Ayuntamiento y las “miradas amenazantes” de algunos simpatizantes del PP del Concello, los concejales socialistas consiguieron suficientes papeles como para acudir al juzgado de Calda de Reis y presentar el 24 de noviembre del año pasado una demanda. La juez a la que le correspondió el caso exigió al interventor del Ayuntamiento y al secretario informes en los que preguntaba sobre la legalidad de esas reuniones, su contenido y un detallado listado de cuánto y a quiénes se pagaba por la asistencia.
Los informes de los funcionarios fueron contundentes: confirmaron que las reuniones no eran legales porque no se guardaban proporcionalidad, ya que asistían sólo concejales del PP; que se habían iniciado en 1992 y cifraban en 215.000 euros la cantidad que se había pagado en concepto de dietas a los participantes. Cantidad, insistimos, que no se ajustaba a la verdadera ya que, como reconocían los propios funcionarios, no pudieron retrotraerse más allá de 2003.
Pero la juez no se ha dejado intimidar y ha decretado una providencia con fecha 4 de enero, pero que llegaba este jueves 19 al Ayuntamiento de Valga, en el que no sólo se pide al interventor y al secretario de que informen también sobre “las personas que han venido percibiendo ingresos por asistir a las comisiones de coordinación desde el año 1992 hasta 2003”, sino que pide que se cite “a declarar en calidad de investigados (lo que antes se llamaba imputados) a los denunciados (el alcalde y los demás citados en el informe)”, y como testigos al propio interventor y al secretario.
El Plural
