BUENOS AIRES (Sputnik) — La organización argentina de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que aplica el beneficio penitenciario conocido como “cómputo del 2×1” para crímenes perpetrados durante la última dictadura militar (1976-1983).
“Este dos por uno aprobado por la Corte (…) es abominable”, indicó Estela de Carlotto, titular de la organización, en declaraciones a la emisora AM 750.
La ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, estipula que si la detención preventiva de un acusado dura más de dos años, a partir de ese momento se computa como doble cada día que pase en la cárcel.
El Gobierno de Mauricio Macri, aseguró De Carlotto, quiere borrar a las víctimas de la dictadura de la historia “para construir” su propio relato del pasado reciente.
“No sólo nos están destruyendo en la economía, sino también en la moral y la física”, dijo la presidenta de Abuelas.
Tras asegurar que estaba “muy mal”, De Carlotto acusó al máximo tribunal del país de actuar en “sintonía con (la alianza oficialista) Cambiemos”.
“Ahora quieren fusilarnos en una movida tan terrible”, señaló.
Tres de los cinco ministros de la Corte Suprema decidieron rescatar la aplicabilidad de la normativa sobre los plazos de prisión preventiva, denominada “2×1”, por considerarla más benigna.
En disidencia de rescatar esta ley, que fue derogada, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que no se ha producido ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad.
La decisión de la Corte ha provocado el rechazo de varios organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.
El secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Claudio Avruj, dijo que estaba de acuerdo con el fallo si este “está ajustado a la ley”.
“Yo acato lo que dijo La Corte Suprema sobre el 2×1”, afirmó.
La resolución de la justicia confirmó la sentencia de una causa en la que se investigaba el secuestro, la tortura y la desaparición de empleados del Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, el 28 de marzo de 1976.
En ese expediente fue condenado a 13 años de prisión Luis Muiña, integrante de un comando paramilitar que trabajaba en esa institución sanitaria y que quedó en libertad en noviembre de 2016 después de que un tribunal federal aplicase la ley derogada.
