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BUENOS AIRES (Sputnik) — El Comité contra la Tortura de la ONU constató que se recurre a la tortura y a otros tratos vejatorios de manera sistemática en las cárceles de Argentina, durante una evaluación realizada entre el 26 y 27 de abril.

“La ONU (Organización de Naciones Unidas) reconoció la existencia de la tortura en los lugares de encierro”, dijo a Sputnik el director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Rodrigo Pomares, quien participó en la 60 sesión del organismo en Ginebra en abril.

Los integrantes del Comité de la ONU cuestionaron al Estado argentino sobre el uso de la prisión preventiva, sobre la práctica de la tortura, la violencia física y otro tipo de malos tratos en los lugares de encierro y sobre las muertes “que se producen en lugares de internación de personas con padecimiento mental, así como en las cárceles”, explicó Pomares.

La ONU también requirió información sobre la situación de las comisarías, la falta de implementación de medidas para garantizar la salud, y sobre la reforma migratoria del Gobierno argentino que endurece los requisitos de permanencia en el país para los extranjeros con antecedentes o con condenas de prisión.

En el informe presentado al Comité, el Estado argentino “no reconoció en un principio la superpoblación en los lugares de encierro, alegando que los cupos eran suficientes para la cantidad de personas detenidas”, recordó Pomares.

En general, las respuestas del Estado “fueron muy genéricas, poco precisas y más centradas en la órbita nacional y no en la problemática de las provincias, alegando falta de información”, añadió el director del Programa de Justicia.

El Comité de la ONU también observó la ausencia de implementación de un mecanismo nacional para prevenir la tortura y la falta de designación de mecanismos locales que funcionen en el mismo sentido, como la Comisión Por la Memoria.

El Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas exige que los Estados constituyan mecanismos nacionales y locales en aquellos países con sistemas federales.

“Argentina creó el mecanismo nacional aunque no lo implementó y no conformó los locales, salvo en algunas provincias y de manera deficitaria”, señaló Pomares.

En el Senado de la provincia de Buenos Aires continúa en trámite un proyecto de ley para reconocer a la CPM en ese papel, una medida que tiene el consenso de todos los bloques legislativos.

Este organismo, creado por resolución legislativa y con un funcionamiento autónomo y autárquico, “tiene 14 años de existencia y hasta ahora no ha sido reconocido normativamente”, indicó su representante.

Más cuestionamientos

El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), otra entidad de derechos humanos que asistió a la evaluación de la ONU, destacó las principales preocupaciones del Comité con respecto a Argentina.

Éstas fueron la sistematicidad de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los altos índices de impunidad y el aumento de los encarcelamientos, de los hacinamientos, y de las detenciones en comisarías.

Entre 1997 y 2015 la población detenida se incrementó en un 145%.

El Ejecutivo argentino también fue criticado por las reformas penales impulsadas recientemente.

La ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que sería sancionada en la Cámara de Diputados en los próximos días, restringe las excarcelaciones en un amplio número de delitos, lo que según el Comité “impactará en la grave situación de hacinamiento ya existente”, refirió el CELS.

En los últimos años, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que observa la aplicación del Tratado de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de Derechos del Niño, han cuestionado al Estado argentino por la persistencia de las torturas.

Hacía muchos años que el Comité de la Tortura no se pronunciaba de manera específica sobre la situación en Argentina, dado que el país dejó en 2004 de presentar sus informes y de rendir cuentas ante el tribunal.

Se espera que la semana que viene el Comité efectúe sus recomendaciones formales al Estado argentino.

El país tendrá entonces cuatro años para dar cuenta de esas recomendaciones.

 

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