Luis Jairo Ramírez
Hay una realidad en Colombia que está preocupando a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional: existe un nuevo genocidio en curso en medio del proceso de paz.
Según Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo, desde enero de 2016, han sido asesinados 186 líderes sociales (sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas y líderes de zonas campesinas) lo que equivale a que cada cuatro días es asesinado un líder social en Colombia. De enero a julio del presente año han sido asesinados 52 líderes sociales. Igualmente ha señalado que por cada líder asesinado hay 10 personas amenazadas de muerte. De otro lado, ya son 15 asesinatos de familiares y guerrilleros amnistiados de las FARC. Simultáneamente hay una preocupante oleada de judicializaciones.
A una sola voz, tanto el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, como el Fiscal Néstor Humberto Martínez, se han apresurado a manifestar que estos crímenes no corresponden a una acción sistemática, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, reduciéndolos a hechos aislados o a delitos comunes inconexos entre ellos, en una vergonzosa expresión de encubrimiento a paramilitares y batallones militares que las autoridades civiles conocen pero prefieren mirar para otro lado; pero las denuncias de pobladores rurales también señalan una alianza de ciertos sectores políticos de extrema derecha con representación parlamentaria con los llamados clanes del golfo y otras expresiones para-estatales.
Es evidente que hay una intención clara de destruir el movimiento social, generar un clima de terror en las áreas rurales y producir nuevos eventos de desplazamiento. Lo que preocupa es que estos asesinatos se producen en zonas beneficiarias con circunscripciones especiales electorales y contra líderes que podrían ser los eventuales candidatos a corporaciones públicas, lo cual denota una acción pérfida, calculada desde dentro y fuera del Estado.
Es indignante que el gobierno subestime este extermino y de paso evada su compromiso de avanzar en el desmantelamiento del fenómeno paramilitar y la depuración de elementos criminales de la fuerza pública, tal como es su compromiso con los acuerdos de paz.
En los últimos días se ha conocido que un grupo no identificado está ofreciendo un millón de dólares por el asesinato de cada uno de los nueve miembros del secretariado de las FARC. El sistema judicial permanece impávido ante estas denuncias, ocupado como está en atravesar todo tipo de obstáculos al proceso de paz.
La guerra sucia continúa siendo funcional a los intereses del establecimiento; a pesar de afirmaciones en contrario la doctrina del “enemigo interno” no ha desaparecido, bajo sus manuales se siguen eliminando opositores al régimen. La movilización social debe expresarse en la calle para hacer retroceder semejante perversidad de las elites dominantes.
