México se une a los que piden un golpe de Estado en Venezuela al secundar las sanciones de EE.UU. contra funcionarios venezolanos por ‘menoscabar la democracia’.
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana, Vanessa Rubio, dijo que el Gobierno del presidente Peña Nieto entregará información fiscal y financiera sobre funcionarios y exresponsables venezolanos contra quienes Washington dictó sanciones, según reportó el sábado Prensa Latina.
“Lo que hacemos es intercambiar información y emitir las alertas y colaboramos con ese intercambio de información, respecto de actividades que puedan constituir un delito”, declaró Rubio en una entrevista.
Explicó que si bien México no tiene una lista de personas como la que utiliza la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP buscará en su base de datos información que le sea de utilidad a Estados Unidos.
Indicó que información que encuentre México se le entregará al Departamento del Tesoro estadounidense, con el que ya adelantaron conversaciones para activar los mecanismos con los que México cuenta, lo cual hace más verosímil las denuncias del presidente Maduro respecto a la confabulación antivenezolana entre la la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Peña Nieto.
Sin embargo, no pocos se cuestionan en México si la medida se corresponde con las revelaciones del director de la CIA, Mike Pompeo, quien reconoció que se reunió con altos cargos de Colombia y de México para coordinar acciones contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Como bien señala un artículo publicado hace unos días en la prensa mexicana, el Gobierno de México podría hacer cuanta declaración considerara correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no.
Lo que no puede hacer es formar parte de un alineamiento internacional para promover el cambio de Gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y, luego, lo ha hecho, en forma bilateral, con Estados Unidos, al secundar una sanción de este último contra Venezuela, como represalia política concreta contra otro Estado.
Esta conducta es “inconstitucional” porque lesiona el principio normativo de no intervención y el de proscripción de la amenaza en las relaciones internacionales, según recalca la publicación.
