En España, el conflicto generado por el referéndum de independencia de Cataluña con el Gobierno central se intensifica, mientras se acerca el 1 de octubre.
Ante la tensión generada entre el Gobierno español y el Gobierno regional de Cataluña, los representantes de la seguridad de Madrid se reunieron con el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, en Barcelona, para tratar el tema del referéndum. España, obviamente quiere que no se celebre y asegura que el voto es ilegal, y la Generalitat lo rechaza.
De este modo, la Junta de Seguridad terminó sin acuerdos. El Gobierno español dio un paso hacia atrás diciendo que hagan lo que hagan los catalanes no podrán celebrar la votación en localidades públicas debido a la orden judicial.
Sin embargo, los catalanes no lo aceptan, e incluso los Mossos d’Esquadra (policía catalana) ha asegurado que no va a cerrar los colegios como lo ha pedido Madrid para evitar que se genere más tensión. No obstante, la Guardia Civil siguió con su tarea de estos días, requisando cien urnas y 2 millones 50 papeletas.
Por su parte, los estudiantes universitarios catalanes que llevan dos días de huelga a favor del referéndum, celebraron una manifestación apoyando al independentismo. Frente a esta multitud, el presidente de la Generalitat aseguró que habrá referéndum.
Los nacionalistas también realizaron una congregación frente al palacio del Gobierno catalán en Barcelona pidiendo el encarcelamiento de los que no acatan la ley sobre frenar el referéndum.
Ante la inminencia de la votación, ya han surgido estimaciones económicas sobre el impacto de una posible independencia. La economía española sería reducida, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) catalán también sufriría una contracción del 20 %.
Sin embargo, los soberanistas dicen que esto será provisional y que después las ganancias superarían los costes. No obstante, hay riesgo de que muchas compañías dejen el mercado catalán por la incertidumbre posterior a la separación.
