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Si el asesinato lo comete la Policía Nacional, la pena es de sólo dos años de cárcel

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¿Quién dice que en España ya no se tortura? Los cinco policías nacionales acusados del asesinato a palos de un detenido, Diego Pérez Tomás, en 2014, han aceptado dos penas que suman, en su conjunto, cuatro años de cárcel al reconocer los delitos de detención ilegal y homicidio imprudente.

Una risa; una auténtica tomadura de pelo para un detenido al que mataron de una brutal paliza.

La Fiscalía, las acusaciones particulares, defensa y Abogacía del Estado han apañado el negocio para evitar un juicio público. Como siempre que condenan a un policía, la prensa, cuando informa, si es que lo hace, no indica sus nombres, a diferencia de todos los demás casos.

La jueza ordenó prisión para seis policías, pero uno de ellos, G.J.G.M., murió en octubre de 2015 cuando estaba encarcelado en la prisión de Estremera, supuestamente por una pancreatitis.

A los policías les acusaron de la desaparición y muerte de Diego Pérez Tomás el 11 de marzo de 2014. Su cadáver fue encontrado dos semanas después flotando en aguas de Cala Cortina. Los policías compartían turno en las llamadas patrullas Zeta de la comisaría de Cartagena y un testigo dijo haber visto a la víctima en un coche policial la noche en que desapareció.

El 11 de marzo de 2014 Diego Pérez Tomás, de 43 años, cometió el error de llamar al 091 de Cartagena, solicitando auxilio policial toda vez que estaba asustado al sentirse amenazado por unos individuos. Pérez Tomás sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad que determinaba un grado de discapacidad del 45 por ciento.

El 091 encomendó a dos de lois matones para que acudieran al lugar a bordo de un vehículo patrulla, y otros dos policías acudieron a bordo de otro vehículo con servicio en la zona centro. También acudió un tercer coche patrulla al que correspondía el servicio en la zona de Barrios, sin que hubieran sido comisionados por el 091 ni hubiera causa justificada para su presencia.

Una vez que localizaron a la víctima en la vía pública junto a su domicilio, los policías comenzaron a cachearle y uno de ellos le dio una bofetada, según la jueza. A continuación le ordenaron que se subiera a uno de los vehículos policiales.

En lugar de trasladarle a la comisaría o a un centro sanitario, decidieron llevarle a Cala Cortina, un lugar solitario y aislado que dista cinco kilómetros del domicilio de Diego y de las zonas de patrulla de los policías.

Luego los policías mintieron a la Sala del 091 informándole que habían tranquilizado a Diego, ocultando que los tres vehículos policiales se estaban trasladando a la Cala con la víctima a bordo.

Los policías procedieron a propinar golpes a Diego “con ánimo de atentar contra su vida” o “asumiendo esta posibilidad”, y aprovechándose de su superioridad numérica, física y del aislamiento del lugar a esa hora que disminuían o anulaban las posibilidades de defensa o auxilio. Como resultado de la agresión, le causaron la muerte “por rotura de las vértebras del cuello”, para, a continuación, arrojar el cadáver al mar desde algún punto de la bahía.

El cadáver fue hallado en la bahía de la playa de Cala Cortina, dos semanas después. Presentaba lesiones traumáticas: le habían matado a golpes.

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