Andrew Gilmour pidió al Gobierno de Colombia, al Congreso y al sistema de justicia tomar medidas para que los responsables de crímenes contra defensores sean investigados, perseguidos y castigados.
El secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Andrew Gilmour, advirtió este martes que los defensores de los derechos humanos aún siguen siendo amenazados y asesinados a un ritmo alarmante, pese a que finalizó el conflicto armado entre el Gobierno colombiano y el ex grupo insurgente FARC-EP, ahora convertido en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Tras su visita a Colombia, Gilmour aseguró que aún no se han producido resultados significativos ante los esfuerzos del Gobierno para adoptar políticas encaminadas a prevenir los ataques contra defensores de derechos humanos, líderes sociales de todos los sectores y campesinos, de los cuales más de 60 han sido asesinados en 2017.
“Desde comienzos de este año ha habido más asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, en particular en áreas anteriormente ocupadas por las FARC-EP”, aseguró.
En la vereda Puerto Rico un niño me preguntó ¿por qué ellos (la fuerza pública) vienen a matarnos? Que difícil es borrar el miedo… #Tumaco pic.twitter.com/QXdkHwHQvv
— Lorena Hoyos (@LorenaHoyosG) October 10, 2017
Gilmour exigió al Gobierno de Colombia, al Congreso y al sistema de justicia que tomen medidas para que los responsables de crímenes contra defensores sean investigados, perseguidos y castigados. “Y aquí estamos hablando no sólo de aquellos que tiraron el gatillo, sino también de quienes ordenaron o pagaron para hacerlo”, acotó.
Asimismo, afirmó que la paz solo será sostenible cuando los exinsurgentes de las FARC-EP estén debidamente integrados a la sociedad y tengan los medios para un salario digno como civiles.
Además, aseguró que se necesita una acción urgente para hacer frente a la impunidad crónica de las violaciones de derechos humanos, en particular por los “falsos positivos” cometidos por la misma fuerza pública y los ataques a los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios a manos de organizaciones criminales.
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