El viernes de la semana pasada se sumó una nueva víctima a la lista de insurgentes de las FARC asesinados. Se trata de Henry Meneses Ruiz, uno de los militantes que fue amnistiado tras el llamado proceso “de paz” firmado entre el gobierno y la guerrilla.
Meneses Ruiz fue asesinado de varios disparos en Miranda, al norte del Cauca, al suroeste de Colombia, según un comunicado de la policía.
Meneses estuvo en prisión desde 2013 hasta agosto, cuando fue liberado por orden del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Cali, y desde entonces se convirtió en un “gestor de paz”.
El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, fue perseguido por dos policías que se encontraba cerca del lugar del atentado y resultó herido tras enfrentarse con los efectivos.
El comunicado agregó que el responsable fue llevado en un principio a un centro hospitalario local y posteriormente trasladado a una clínica en Cali y se le incautó un arma de fuego.
La intoxicación ha empezado a jugar su papel: la policía asegura que el autor de los disparos es otro excombatiente que permanecía en una de las zonas veredales de normalización, creadas por el gobierno para facilitar la integración de antiguos guerrilleros.
“Las primeras investigaciones señalan que el supuesto autor del crimen es un exintegrante de las Farc y que actualmente, en calidad de acreditado en el marco del proceso de paz, se encontraba concentrado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monterredondo, en Miranda”, dijo la policía en el comunicado.
En declaraciones difundidas por Caracol Radio, Seusis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”, uno de los dirigentes del ahora nuevo partido político FARC, advirtió que desde diciembre pasado han sido asesinados 22 guerrilleros y milicianos.
“Esta semana ha habido un par de reuniones sobre garantías de seguridad” para los excombatientes, explicó Santrich, quien advirtió que “si bien se vislumbran trampas jurídicas” para obstruir su participación política, “la mayor trampa es el terrorismo de Estado, la guerra sucia”.
El dirigente denunció que las muertes han ocurrido en “zonas donde el cerco paramilitar es evidente”.
El coordinador de derechos humanos, Cristian Delgado, elevó la cifra de excombatientes asesinados a 37 en siete meses. Le recordó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que los acuerdos de paz deben ser garantías de vida.
