Este 13 de noviembre, varios sicarios asesinaron a Luz Jenny Montaño Arboleda en Tumaco (Nariño, Colombia). El crimen tuvo lugar en el mismo distrito donde se produjo la masacre de 15 campesinos a principios de octubre y, días después, mataron al líder social que denunció ese hecho.
Montaño Arboleda, a la que quitaron la vida en su casa, era una dirigente comunal y religiosa que formaba parte de la junta de acción de su sector, así como de las asociaciones Divino Niño y Jesús Nazareno.
Condenamos asesinato de Luz Jenny Montaño Arboleda, integrante de la JAP del barrio Líder de Tumaco. Hacemos seguimiento al homicidio pic.twitter.com/4TTRcTkkIr
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) November 14, 2017
El padre Arnulfo Mina, vicario de la diócesis de Tumaco, siente «una impotencia absoluta» porque «las cosas no avanzan y los asesinatos continúan», mientras que varias organizaciones comunitarias y campesinas se movilizaron para pedir el fin de estos crímenes.
Un problema estructural
El Movimiento Comunal de Colombia y la organización Marcha Patriótica consideran que no se trata de un hecho aislado o propio de la zona de Tumaco: solo este año fueron asesinados más de 120 dirigentes sociales y, si se tiene en cuenta 2016, suman 200.
En sus 49 años de historia, las juntas han sido responsables del 40 % de la infraestructura construida en los barrios de de Colombia, según recordó el vocero de la Federación de Acción Comunal de Bogotá, Alejandro Rivera, para quien la acción comunal «ha jugado un papel estratégico en el desarrollo de las comunidades».
Héctor Torres, abogado defensor de los derechos humanos en la región central de ese país sudamericano, considera que «somos objetivo militar, de este Gobierno y de los anteriores», ya que los asesinatos son cometidos por «grupos de ‘justicia privada’ (paramilitares)» o «miembros de la fuerza pública», una situación que plantea dudas «sobre la voluntad política» oficial a la hora de frenar este tipo de delitos.
