A más de 40 años de finalizar la dictadura que asoló a España, Francisco Franco sigue siendo noticia en la nación ibérica. Medios de prensa destacan la decisión del actual gobierno de Pedro Sánchez de desenterrar los restos que se encuentran en el Valle de los Caídos, el mausoleo que el dictador se hizo construir en las afueras de Madrid.
El sitio, donde se encuentra la tumba de Franco y más de 34 mil caídos en la Guerra Civil española (1936-1939), ha sido durante décadas un símbolo para los vencedores del conflicto y del régimen autoritario posterior. El propio Franco confesaba, en el decreto que anunciaba su construcción, su aspiración de que sirviera para que las futuras generaciones “rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor”.
La Ley de Memoria Histórica de 2007 fue un intento del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero de compensar a los perdedores del conflicto. El gobierno imponía la retirada de símbolos franquistas de las calles y se comprometía a facilitar los fondos para que los familiares de los desaparecidos pudieran buscar, desenterrar y despedir a sus muertos, entre otras medidas.
La llegada al poder de los conservadores del Partido Popular (PP) en 2011 supuso la cancelación de los fondos destinados a aplicar la ley y un cambio de política que tenía como prioridad no “remover el pasado”. El resultado es que Franco disfruta en España de una legitimidad impensable en cualquier otra democracia, incluyendo el reparto de subvenciones públicas a la fundación que lleva su nombre y promueve “su obra”.
La eliminación de calles con nombres franquistas, la retirada de monumentos que honran al dictador o la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, que pasaría a convertirse en un Centro Nacional de Memoria de todas las víctimas, no es una cuestión ideológica o de partidos. Se trata de una obligación moral que tiene la ventaja adicional de enviar el mensaje claro a los nostálgicos del franquismo de que los españoles han enterrado para siempre un pasado autoritario.
Obstáculos en el camino
A mediados de ese mes, el Gobierno socialista admitió problemas con la familia de Franco por la decisión de exhumarlo y mostró sus dudas de que fuera posible ese mismo mes, como tenía previsto inicialmente.
La apertura de la tumba de Franco no será inminente y todavía tiene varios obstáculos por delante. El gobierno deberá pedir autorización a la Iglesia —la cripta está en la basílica del Valle de los Caídos y no puede abrirse sin su permiso—, acordar con la familia del caudillo un nuevo lugar de sepultura e incluso cambiar leyes en caso de que alguna de las partes se oponga. Solo entonces se podrá enviar a los operarios para que levanten la losa de granito bajo la que descansa el general y cerrar así el único mausoleo de un dictador entre las democracias europeas. España habrá enterrado ese día uno de los impedimentos en su largo camino hacia la reconciliación. (EFE/New York Times)
