Ciudad de México, 4 sep (Sputnik).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazaron el lunes la versión de la fiscalía y del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014 de la escuela de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero.
“A la fecha no se han realizado cambios en la narrativa gubernamental, y se tiene que abandonar de una vez por todas esta posición del señor presidente saliente (Peña Nieto), que plantea como ‘verdad histórica’, lo que la CIDH ha rechazado” dijo Esmeralda Arosemena, titular del organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una visita a la escuela a la que asistían los jóvenes, en el estado de Guerrero (sur).
En un acto con estudiantes, padres y familiares de los jóvenes, a casi cuatro años de la desaparición de los alumnos normalistas, el 26 de septiembre de 2014, “aún no existe certeza de lo que pasó en esta terrible noche de Iguala”, 220 km al sur de la capital.
Cinco autobuses en el que viajaba un centenar de estudiantes hacia una manifestación en la Ciudad de México fueron atacados aquel día por patrullas policiales de varios municipios, con un saldo de siete muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, que según la versión oficial fueron entregados a la organización criminal Guerreros Unidos, que habría asesinado a los jóvenes, incinerado sus cuerpos en un basurero y lanzado los restos calcinados a un río.
Arosemena denunció el daño a las familias de los desaparecidos al mantener esa versión de la llamada “verdad histórica” que los expertos de la CIDH “no la aceptamos” y exigió cumplir con indagar otras líneas de investigación pendientes.
“La colusión de autoridades con delincuencia organizada propiciaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una violación grave a los derechos humanos”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa.
Los expertos internacionales afirman que siguen sin respuesta del Estado mexicano al menos 147 preguntas surgidas por los expertos y los organismos internacionales en cuanto al actuar de autoridades federales “en la búsqueda, la investigación criminal y las diligencias e indagatorias” de la fiscalía federal.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Entre las investigaciones pendientes está las llamadas de los teléfonos celulares de los desaparecidos, aparatos que continuaron funcionando después de la medianoche del 26 de setiembre mientras estaban bajo custodia de policías, la posible participación de agentes federales en los ataques, el rol que jugó el Ejército, las contradicciones de los soldados del batallón militar de Iguala, y el vínculo de la tragedia con el tráfico internacional de drogas.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) respaldó el informe, reiteró el apoyo a las familias de las víctimas y señaló “la crisis de desapariciones en el país”, que suman más de 35.000 en una década.
“El caso de los 43 no ha eclipsado los demás casos de desapariciones en México, sino que ha visibilizado toda la tragedia de la desaparición forzada en el país, y la falta de respuesta adecuada del Estado”, dijo Jarab.
A casi cuatro años del hecho “no se sabe dónde están los jóvenes, quiénes son los perpetradores o peor, hasta qué nivel llega la responsabilidad del Estado”, puntualizó el representante del organismo internacional, que el 1 de setiembre comenzó a liderar la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
En cambio, el rol de agentes federales sí arroja certezas sobre “irregularidades y omisiones en la investigación (…), se trata de la responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto”, sentenció el titular del organismo, quien encontró en una investigación paralela de sus expertos, que los acusados confesos fueron sometidos a torturas.
Dylan Alexander, estudiante del comité estudiantil de la escuela rural de maestros denunció que el informe de la CIDH confirma “graves violaciones a los derechos humanos, que marcan a este Gobierno con una huella indeleble que llevará durante el resto de los días y durante el resto de su mandato”, el presidente saliente Peña Nieto, quien deja su cargo el próximo 1 de diciembre.
La fiscalía “nos ha dicho puras mentiras, no ha solucionado nada sobre el caso; en México vivimos una etapa donde la corrupción, la violencia, la desaparición forzada se ve normal”, dijo a su turno Omar Cruz, otro integrante del comité estudiantil.
Finalmente, Mario César, padre de uno de los desaparecidos, agradeció a los funcionarios internacionales haber viajado a la sede escolar en la región montañosa de Guerrero
“Por lo menos que vengan y nos hablen a la cara, les agradecemos que hayan caminado con nosotros”, puntualizó.
Los expertos fueron recibidos con guirnaldas de flores amarillas en la sede escolar, donde los familiares y alumnos recibieron el informe antes de que sea entregado al jefe de Estado, y también al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. (Sputnik)
