Los sindicatos en huelga indefinida desde hace 28 días en Costa Rica convocaron ayer a una concentración este lunes frente al Poder Judicial, para expresar su rechazo a la reforma fiscal que fue aprobada en primer debate en el Congreso el pasado viernes.
“Vamos a meter todo al proceso de inconstitucionalidad y continuaremos luchando para que no se apruebe en segundo debate. La huelga se mantiene, es indefinida y continúa en la calle”, dijo este domingo a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Gilberto Cascante.
La Unión Sindical convocó para este lunes a los huelguistas a una concentración en la Plaza de la Justicia, ubicada frente al edificio del Poder Judicial, así como a movimientos “regionalizados”, en diversas partes del país.
Estas actividades forman parte de una huelga que comenzó el pasado 10 de septiembre y que exigía el retiro del proyecto de reforma fiscal del Congreso.
Sin embargo, tras la aprobación en primer debate el pasado viernes, los esfuerzos de los sindicatos se dirigirán a pedir al Poder Judicial, principalmente a la Sala Constitucional, que rechace la reforma.
Cascante aseguró a Efe que la reforma fiscal “tiene implícito un montón de problemas en empleo público, empobrece a la clase trabajadora y grava todos los servicios, mientras las grandes cooperativas y corporaciones trasnacionales están exentos”.
La huelga se ha ido debilitando con el pasar de los días y el sábado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó un acuerdo con de la Unión Nacional de Empleados de la CCSS (Undeca) y el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), para deponer el movimiento.
Estos son los dos principales sindicatos del sector salud, aunque hay otros tres que han anunciado que mantendrán la huelga.
El movimiento tiene el mayor apoyo en los sindicatos del sector de la educación, los más numerosos del país. Hasta el viernes el 70 por ciento del personal educativo se mantenía en huelga y la mitad de los centros educativos cerrados por completo.
El Congreso de Costa Rica aprobó el pasado viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, en la primera de dos votaciones necesarias, la reforma.
El proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida la la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa.
Según la interpretación de los sindicatos y algunos sectores de oposición, la reforma necesita una mayoría calificada de 38 diputados de los 57 que integran el Congreso, y no la mayoría simple de 29.
La reforma es prioritaria para el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, y busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).
El plan fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
Según el Gobierno, un 80 % de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20 % de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.