Seria un número muy alto el de las agresiones cometidas y no denunciadas
Sare Antifaxista: Denunciamos desde Euskal Herria que el informe que tiene que hacer interior sobre los delitos de odio esta secuestrado, no quieren incluir estos y otros datos
Debería haber sido publicado en 2018
elnacional.cat
La Oficina de Drets Civils i Polítics, impulsada por el Departamento de Vicepresidència de la Generalitat, ha cifrado este viernes en una veintena los grupos de ultraderecha que actúan en Catalunya, que habrían cometido 328 agresiones en los últimos dos años. Así lo recoge el primer balance de actividad de este organismo creado por el Govern el mes de octubre pasado.
La gran mayoría de estos incidentes se han producido en el área de Barcelona, con 267 casos, mientras que Girona figura en segundo lugar con 40 reclamaciones y Tarragona con 15. Lleida cierra la lista con 6 casos, según los datos que ha obtenido el Govern y que han sido recogidos por varios observatorios especializados en el tema durante el periodo de dos años comprendido desde enero del 2017 y hasta este mismo viernes.
Según asegura este primer balance, los grupos identificados como ultraderecha “se organizan de forma paramilitar” y actúan en “municipios de mayoría social independentista, con la voluntad de intimidar la población”. También apuntan que estos grupos realizan “ocasionalmente robos de material reivindicativo en la vía pública (esteladas, pancartas pidiendo la libertad de los presos políticos, entre otros), o ataques a monumentos o placas conmemorativas o de apoyo a la independencia, y en sedes de entidades y casas particulares”.
Por otra parte, la oficina también hace un llamamiento a las víctimas de estos ataques, así como también a las que hayan sufrido “cualquier ataque contra los derechos civiles y políticos”, a que denuncien los hechos a los juzgados y los pongan en conocimiento de la Oficina.
En los tres primeros meses de funcionamiento, el OCDP ha tramitado 30 quejas, reclamaciones y peticiones ciudadanas. Un 36,7% de estas han sido por incidentes cometidos por grupos de ultraderecha, un 30,1% por vulneraciones sobre los derechos de participación política, un 6,6% por vulneraciones contra el derecho al honor y otro 6,6% por actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
