El gobierno “socialista” de Portugal ha acabado con la huelga de los trabajadores de sanidad por decreto-ley, tras meses de huelgas intermitentes y, además, quiere identificar a todos los que han aportado dinero a la caja de resistencia.

Con este tipo de medidas, esa “izquierda” queda retratada una vez más en el país vecino y nadie se puede extrañar de que quienes se empeñan en seguir votando en las farsas electorales una y otra vez prefieran a “la derecha”, es decir, al original, antes que a una mala copia suya.

Lo mismo que en otras huelgas recientes en otros países, para llevar a la cabo la movilización, los trabajadores han tendo que crear nuevas formas de organización sindical, al margen de los sidicatos históricos, siempre vendidos a la patronal.

La reorganización del movimiento obrero portugués ha favorecido que esta misma semana comenzara otra oleada de huelgas en seis hospitales portugueses, que hoy se ampliarán a nueve, y que seguirá hasta el 28 de febrero.

Una de las promotoras de la huelga es Lucía Leite, presidenta de ASPE, el nuevo sindicato de enfermería al margen de las centrales tradicionales, impulsó una nueva forma de caja de resistencia a través del “crowdfunding”, lo que ha permitido a los trabajadores resistir. La caja obtuvo más de 700.00 euros a través de donaciones anónimas, con una media de 20 euros por donante. El gobierno del Partido Socialista, sin embargo, va a exigir que se identifique a todos ellos, al más puro estilo policial.

Los enfermeros exigen que se vuelva a la ley de 2009, cuando la carrera tenía cinco categorías y no como ahora que solo tiene una, por lo cual el salario base es igual el primer día de trabajo que 30 años después. También exigen más personal, subida de salarios y jubilación a los 57 años.

La liquidación de la huelga, llamada “requisición civil” en Portugal, es una decisión que sólo cuenta con tres precedentes en Portugal desde la Revolución de los Claveles de 1974, ya que sólo se había aplicado a las huelgas en las líneas aéreas portuguesas.

Hasta ahora los gobiernos portugueses, a diferencia de los españoles, se habían mostrado extremadamente respetuosos con el derecho de huelga de los trabajadores, ya que incluso es muy raro que se impongan servicios mínimos.

La semana pasada el primer ministro, Antonio Costa, anunció que su gobierno iba a imponer la “requisición civil” que, en definitiva, no es otra cosa que la obligatoriedad de acudir al trabajo. “Son huelgas salvajes que buscan simplemente atentar contra la dignidad de los enfermos, contra el Servicio Nacional de Salud y son absolutamente ilegales”, dijo.

En diciembre, la nueva ministra de Sanidad, Marta Temido, se estrenó calificando la huelga de “cruel”. Sobraron minutos para la respuesta de la presidenta del Colegio de Enfermeros, Ana Rita Cavaco: “Cruel es tener 40 pacientes por enfermero; cruel es tener 4,2 enfermeros por cada mil habitantes cuando la media de la OCDE es de 9,3”.

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