En el arranque de 2019 el país tiene 15 huelgas federales activas, de las cuales tres estallaron entre enero y febrero, precisó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Además, se han contabilizado al menos 384 emplazamientos a huelga (que es el aviso legal del sindicato a la autoridad laboral de ejercer ese derecho si no son satisfechas sus demandas). Se registran también 37 conflictos sin emplazamiento de sindicatos pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM).
Tan sólo los emplazamientos de los trabajadores de las tiendas Walmart y de Teléfonos de México (esta última con más de 60.000 centros laborales) suman 150.000 trabajadores involucrados, paralelamente a una de las huelgas activas que es la de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y que hoy cumple un mes.
En lo que va de 2019 se han realizado 28 paros y ocho huelgas de carácter local en 14 estados del país. En Matamoros, Tamaulipas, al día de hoy se contabilizan ocho conflictos en los que están involucrados 2.000 trabajadores.
Entre los sindicatos de empresas con más problemas en Matamoros se encuentran algunos afiliados a la CTM y a la organización minera de Napoleón Gómez Urrutia, éstas son: Metal, Avances Científicos de México, Castligth, TPI, Fluxmetal, Arca-Coca-Cola y Siderúrgica del Golfo, algunas presentan en sus instalaciones bloqueos de trabajadores y paros parciales o totales.
En el caso de Coca-Cola, la planta refresquera está totalmente bloqueada en sus accesos por el Sindicato de Jornaleros, en la misma situación se encuentra la Siderúrgica del Golfo, que está cerrada por el Sindicato Minero.
Las tres huelgas de carácter federal estalladas en este año son de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM), Autónoma de Chapingo (UACh) y la Agraria Antonio Narro, en Coahuila, que abarcan sólo a trabajadores administrativos.
De las 15 huelgas federales, 12 llevan varios años. Dos iniciaron en 2005, dos, en 2007; tres, en 2008; dos, en 2012, y tres, en 2013, que corresponden principalmente a problemas de mineros en estados del norte del país.
En todos estos conflictos la demanda es aumento salarial y mejorar las condiciones en el área de trabajo. El incremento al salario mínimo y el cambio de gobierno impulsó a los trabajadores a defender sus derechos, lo que produjo un ambiente de “efervescencia laboral”.
Académicos y abogados laborales comentaron que con el nuevo gobierno los trabajadores tienen “más confianza” para luchar por mejores condiciones laborales, por lo que previeron que surjan más conflictos de este tipo, puesto que 70 por ciento de los contratos colectivos de trabajo se revisan en los primeros meses del año.
El pasado 25 de enero, 45 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, estallaron en huelga en demanda de un incremento salarial de 20 por ciento y un bono de 32.000 pesos. Algunas ya han llegado a acuerdos con sus trabajadores.
Los conflictos laborales que siguen en esa ciudad son encabezados por algunos dirigentes de la CTM, en tanto que la amenaza de huelga en las tiendas Walmart lo dirige la CROC, encabezada por el senador Isaías González Cuevas. Ambas centrales están vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por otro lado, los conflictos laborales de las instituciones universitarias, aunque fueron estalladas por sindicatos independientes como el SITUAM y el STUACh, han sido respaldadas por organizaciones como la Nueva Central de Trabajadores, dirigida por Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, consideró que más sectores laborales podrían iniciar más emplazamientos a huelga en las próximas semanas, lo que se sumaría a la situación que se vive en el norte del país con las maquiladoras.
Los sectores que podrían estallar en huelga podrían ser “la construcción, algunas maquiladoras en la parte norte y también en el centro y Bajío, así que hay varias organizaciones que están pidiendo mejores salarios y mejores condiciones de trabajo”, indicó. El motivo, señaló, es que el rezago salarial ha crecido en los últimos años; cerca de 70 por ciento del salario mínimo permanece sin aumento, según dijo.
González Cuevas negó que estos emplazamientos atiendan a la competencia entre organizaciones sindicales, luego del nacimiento de otras nuevas, como la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), del senador Napoleón Gómez Urrutia, o la Confederación Autónoma de Trabajadores y trabajadores de México (CATEM), de Pedro Haces.
“Nosotros [la CROC] tenemos un trabajo sindical en la fuente de empleo hace mucho tiempo, pero también tenemos un trabajo en el territorio con la familia y le invertimos mucho en las cuotas sindicales a la educación, capacitación, certificación laboral y en varios lugares estamos apoyando a la familia del trabajador contra el delito cotidiano”, precisó.
Javier Aguilar, abogado laboral de la UNAM, dijo que el alza del salario mínimo es un detonante de las huelgas que han surgido en los últimos días, dado que ha impulsado a los trabajadores a presionar a las empresas para fijar un monto que cubra todas sus necesidades.
“Las demandas de los trabajadores han estado marginadas desde los años 80, sus salarios no han crecido, tienen prestaciones bajas, mientras que los líderes sindicales se han enriquecido”, expresó.
Destacó que con el alza del salario mínimo de 88.36 pesos a 102.68 los trabajadores “vieron una oportunidad” para exigir un aumento, puesto que en los últimos 40 años, explicó, su ingreso se deterioró por las políticas de carácter neoliberal.
Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la UAM, explicó que el aumento salarial de 100 por ciento en la zona fronteriza y de 16 por ciento en el resto del país planteó una “serie de desequilibrios” en los centros de trabajo al romper la estructura salarial que se aplicó en los últimos años.
“Al incrementar el salario mínimo alcanzan a los salarios contractuales, en los cuales en cada revisión se empuja, en promedio, un incremento de 5 por ciento por parte de los patrones. “Al aumentarse el salario mínimo se rompen las estructuras salariales y se crean estos conflictos”, apuntó.
Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM, indicó que esta coyuntura presenta la oportunidad para regular los contratos de protección de los trabajadores y transitar hacia una dinámica más transparente en los sindicatos de todo el país, en la que los dirigentes sean elegidos por los trabajadores y no se perpetúen en el cargo.
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