La delegación del Gobierno de Daniel Ortega ante la mesa de negociación con la oposición, en una nota de prensa, considera “elemental (…) reconocer el daño que las sanciones ilegales y unilaterales infringen a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y, particularmente, a los más vulnerables, a los más pobres”.
La semana pasada, EE.UU., para presionar el fin del Gobierno sandinista, impuso sanciones económicas a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Laureano Ortega y otros cinco funcionarios, señalados de violación de derechos humanos y corrupción. Asimismo, fue sancionada la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) por supuestos vínculos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
En la nota, leída este jueves por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, la comitiva gubernamental cuestiona el rechazo de la oposición, representada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a pedir a Washington que no aplique las sanciones.
El bloque opositor anunció el miércoles que podría solicitar a Washington que levante las sanciones al final de las negociaciones para superar la crisis en Nicaragua y una vez que el Gobierno cumpla los acuerdos alcanzados.
“Eludir ese reclamo es declararse cómplices de las políticas injerencistas y violatorias de los derechos humanos, y de todos los derechos del pueblo nicaragüense”, además de suponer una “actitud servil y desvergonzada”, dice el comunicado.
Pese a las presiones de Estados Unidos, el Gobierno nicaragüense ha mostrado su determinación para seguir trabajando a fin de recuperar la paz social y la estabilidad económica en el país.
Además, la Administración de Ortega mantiene un constante llamado a la oposición al diálogo para acabar con las protestas que han provocado un decrecimiento económico, migración y desempleo.
